l asesinato de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, perpetrado la noche del 10 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, es un episodio más de la generalizada impunidad que padece el país y que constituye un peligro grave para la población, pero especialmente para activistas de derechos humanos y periodistas.

La víctima de este enésimo episodio de violencia descontrolada desarrolló una importante labor como activista del Colectivo de Desaparecidos de San Fernando y de la Comunidad en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, y que llegó a esa lucha después de sufrir la desaparición de su hija, cuyo cadáver descubrió años después en una de las fosas clandestinas de San Fernando.

Resulta desolador y exasperante que, como le ha ocurrido a muchas otras personas que buscan esclarecimiento y justicia para familiares que sufren desaparición forzada, asesinato o feminicidio (como Marisela Escobedo, ejecutada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua en diciembre de 2010 por exigir que el asesino de su hija no quedara impune) Rodríguez Martínez haya sido una doble víctima: delas autoriddes que no fueron capaces de garantizar la seguridad de su hija y de quienes la acribillaron a balazos en su domicilio la noche del miércoles pasado.

Es inevitable también recordar que ese mismo día las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación reaccionaron con irritación al informe difundido la víspera por el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres en el que señala que, debido a las confrontaciones entre las fuerzas de seguridad y las organizaciones delictivas, México es el segundo país más violento del mundo, después de Siria, si se mide por número de muertos.

Las dependencias nacionales referidas señalaron en un comunicado conjunto que el informe en cuestión utiliza cifras cuyo origen se desconoce, refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas y aplica términos jurídicos de manera equivocada.

Más allá de discusiones sobre estadística y numeralia, el hecho es que las cotas de impunidad alcanzadas por los agentes de la violencia en México sólo son comparables a las que se alcanzan en un conflicto armado como el que atraviesa el país árabe, y que la falta de justicia retroalimenta la violencia y la criminalidad. Un Estado que falla en sus tareas básicas de proteger la vida de sus ciudadanos y de procurar e impartir justicia a quienes atenten contra ella termina, a fin de cuentas, por parecerse a la ausencia de Estado que caracteriza a naciones y regiones que se encuentran en una guerra civil como la siria.

Por eso es imprescindible que las autoridades cumplan con su deber a fin de impedir que vuelva a ocupar los espacios informativos el homicidio de una activista de derechos humanos más, una periodista más, un campesino ambientalista más.