Buenos Aires.

Gritos de no a la impunidad, nunca más y ningún genocida suelto en el país, retumbaron este miércoles en la histórica Plaza de Mayo y las calles adyacentes, cuando una multitud calculada en cerca de medio millón de personas se concentró para rechazar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que permitía aplicar una ley que no estaba en vigencia para que los condenados por delitos de lesa humanidad pudieran pedir su libertad.

Emocionante fue el momento en que la multitud, que traía pañuelos blancos anudados al cuello, en solidaridad con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo los agitó en el aire. Fue un oleaje blanco, una reafirmación de que el pueblo argentino no está dispuesto a volver atrás los años de lucha que costó llegar a estos momentos, cuando en 2005 pudieron abrirse juicios históricos para procesar y condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura más cruenta que vivió el país (1976-1983).

Es un acto histórico contra un fallo de la justicia, contra magistrados (...) Es una verdadera rebelión, gritó un manifestante emocionado hasta las lágrimas.

Poco antes, el Senado había aprobado por unanimidad la ley que excluye del beneficio del 2x1 a los autores de crímenes de lesa humanidad, después que la noche del martes obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados.

Nunca más impunidad. Nunca más secuestrados. Nunca más para los que robaron niños. Nunca más al terrorismo de Estado. Nunca más al silencio, no queremos convivir con los asesinos de nuestros hijos, hermanos y demás familiares, clamó Taty Almeyda, de Madres fundadoras de Plaza de Mayo, quien advirtió que el fallo abría las puertas a la impunidad.

Las Madres destacaron que siempre buscaron la justicia y nunca la venganza. Sólo la justicia que no tuvieron los miles de desaparecidos.

La marcha multitudinaria fue una advertencia al gobierno de Mauricio Macri de que así como en materia de derechos humanos no se admitirá volver atrás en los logros de la justicia, tampoco se aceptará lo que varios llamaron una política de destrucción del país que está llevando a la miseria.

Desde su campaña electoral antes de ser elegido presidente por escaso margen en la segunda vuelta, en noviembre de 2015, Macri, cuyas empresas fueron favorecidas y se multiplicaron durante la dictadura, se había expresado despectivamente de la lucha de derechos humanos a los que calificó como un curro (una forma de hacer negocios), y luego de su ascenso al gobierno comenzaron a destruir programas activos de derechos humanos. Funcionarios muy cercanos al mandatario trataron de desacreditar esta lucha diciendo que sólo había 8 mil desaparecidos.

La Corte Suprema de Justicia falló la semana pasada en favor de otorgar el beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña, lo que generó una avalancha de solicitudes para obtener la libertad de militares responsables de secuestros, torturas desapariciones y robo de niños nacidos en cautiverio. La indignación movilizó a todos los sectores de la sociedad, incluidos algunos partidos que diciéndose opositores ayudaron al gobierno de Macri en varias medidas antipopulares.

Esta fue la gota que derramó el vaso. Después de estar en silencio, por primera vez Macri sostuvo durante un acto que nunca había estado de acuerdo con el 2x1 que permitía la impunidad. Pero ya era tarde, nadie le creyó.