Los gobiernos de los estados han mostrado falta de voluntad política para corregir los problemas de autogobierno o cogobierno que existen en muchos penales del país, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

“Ha habido total apatía, indolencia por atender los frecuentes pronunciamientos del ombudsman; las autoridades tienen que ser sensibles y brindar condiciones de internamiento como señala la Constitución”, señaló al referirse a la difusión de un video que muestra la realización de una narcofiesta en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco.

En tanto, legisladores de PAN y PRD en la Comisión Permanente del Congreso cuestionaron la seguridad en los reclusorios y exigieron a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto, particularmente al titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, quien debe asumir con responsabilidad este hecho, aclarar cuáles son las autoridades que permitieron esa fiesta y sancionarlas.

El coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés cuestionó: ¿Dónde está el control del Estado?, ¿dónde está el control del gobierno? Si el gobierno no puede controlar a los delincuentes en los penales, ¡imagínense como podrían controlarlos en las calles!

Isidro Pedraza, senador por el PRD, dijo que su bancada presentará un punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque es el responsable de estos temas.

Entrevistado al término de su participación en el foro Mujeres periodistas, la fuerza de sus voces, el presidente de la CNDH resaltó que lo ocurrido en el centro de reclusión de Puente Grande no es nuevo, pues el organismo que preside en varios de sus informes de supervisión penitenciaria lo ha señalado de manera reiterada, sobre todo la existencia de autogobiernos. Y el de Jalisco no es la excepción, con el video hay evidencias gráficas, pero la comisión ya lo había constatado y la autoridad lo sabe.

En tono enérgico, el ombudsman advirtió que el Estado mexicano no puede renunciar a su capacidad de administrar los penales, pues con la tolerancia de las autoridades se lesionan gravemente los derechos humanos de los internos.

Hace falta voluntad de los gobiernos, principalmente de los estatales, para corregir estas circunstancias y, desde luego, que se canalicen los recursos necesarios y se apliquen adecuadamente, subrayó González Pérez.