na explosión en una casa repleta de juegos pirotécnicos, ocurrida la noche del lunes pasado en la localidad de San Isidro, municipio de Chilchotla, Puebla, dejó saldo de 14 muertos –11 de éstos, niños– y más de 20 lesionados, tres de ellos graves. De acuerdo con la versión de las autoridades estatales, el estallido fue causado durante una festividad previa al 15 de mayo, Día de San Isidro Labrador, patrono del pueblo, por un cohete de vara que se introdujo por accidente en el inmueble, contiguo a la iglesia, en el que estaba almacenada gran cantidad de pirotecnia para la celebración principal. Los daños causados al único generador eléctrico de la comunidad derivaron en un apagón que dificultó las tareas posteriores de rescate y auxilio de las víctimas.
El lamentable episodio es uno más en un rosario de casos similares. Por mencionar sólo los más recientes, el 21 de marzo pasado se registró un estallido que dejó varios lesionados en la localidad tlaxcalteca de Sanctórum, dedicada principalmente a la manufactura de pirotecnia. El 4 de marzo, en Tultepec, estado de México, murieron tres personas y 15 resultaron lesionadas; el 21 de diciembre del año pasado hubo una explosión que no causó víctimas en Sanctórum; un día antes, en Tultepec, una gigantesca explosión destruyó el mercado de cohetes de Tultepec, con saldo de 32 decesos y 69 lesionados.
Tales hechos trágicos llevan a muchos a sostener que la pirotecnia debería ser lisa y llanamente prohibida, postura que, de llevarse a la práctica, no sólo dejaría sin fuente de subsistencia a un sector de la población, sino acabaría con parte central de celebraciones tradicionales, que desempeñan una función irrenunciable en la cultura de muchas comunidades y en los calendarios cívicos y religiosos del país.
Parece más pertinente, en cambio, demandar el fortalecimiento de los mecanismos oficiales de vigilancia, tanto en lo que corresponde a la Secretaría de la Defensa Nacional, responsable de regular las sustancias explosivas en el territorio nacional, como en lo que hace a las autoridades de Protección Civil estatales y municipales.
No se debe ignorar, por otra parte, que las tareas de fiscalización y vigilancia de las actividades de producción, almacenamiento, transporte y venta de fuegos artificiales se dificultan porque en muchos casos los pequeños fabricantes de pirotecnia subsisten en condiciones de precariedad, las cuales les impiden transitar de la informalidad –o incluso de la clandestinidad– al sector formal.
No basta, por ello, con establecer controles más severos. Para poder aplicarlos es necesario apoyar previamente a los pequeños negocios familiares y artesanales, con el fin de que tengan las condiciones mínimas para realizar su trabajo en condiciones de seguridad.
