El gobierno federal ratificó su voluntad para que el mecanismo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) siga siendo el esquema que dé seguimiento a las medidas cautelares y a sus recomendaciones en la investigación del caso Iguala.

Luego de más de dos horas de ríspida reunión con representantes de los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, e Irene Herrerías, subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR), informaron que cada uno gestionará un encuentro de los padres con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador Raúl Cervantes, respectivamente, con la finalidad de abordar los avances de las líneas de investigación que dejó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH.

En el caso del titular de Gobernación, Campa dijo que la reunión podrá celebrarse en un plazo razonable, aunque se comprometió a realizar la gestión de inmediato. Se espera que pueda ser en el transcurso de la próxima semana.

Sobre la cita con el procurador Cervantes, Herrerías dijo que esta reunión sólo se podría llevar a cabo en el contexto del mecanismo de seguimiento, por lo que podría concretarse hasta finales de mayo, cuando Esmeralda Arosemena, comisionada de la CIDH y encargada del esquema, visite el país, según el programa agendado.

Sin embargo, la subprocuradora Herrerías anunció que ya gestiona, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dicha visita pudiera adelantarse y con ello la reunión con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. Aún no hay respuesta de la cancillería.

Los acuerdos alcanzados durante la reunión de ayer fueron calificados de satisfactorios por los padres. Al salir del encuentro, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43, aclaró que el compromiso del gobierno incluye necesariamente que el mecanismo evalúe los avances en las cuatro líneas de investigación puestas en la mesa: abrir una investigación exhaustiva contra militares que estuvieron en la escena de los hechos; aprehender a policías federales y municipales de Huitzuco que participaron en la desaparición de los jóvenes; investigar la telefonía celular de los detenidos y de los estudiantes, e iniciar pesquisas acerca del tráfico de drogas de Iguala a Chicago, que al parecer fue el móvil de la agresión a los normalistas.

La reunión con funcionarios de Gobernación y PGR fue acordada la noche del lunes luego que los padres y un grupo de normalistas bloquearon los tres accesos de la sede de la PGR como forma de presión para acordar una mesa de diálogo. Esta acción impidió que ese día laborara gran parte del personal de la dependencia, situación que se repitió este martes.

Tras el encuentro en las oficinas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de Gobernación, los padres retornaron al plantón que desde el pasado 20 de abril mantienen frente a la PGR en demanda de avances concretos en la investigación.

Después de evaluar la nueva situación, acordaron retirar los bloqueos a la dependencia, hecho que concluyó a las 18:20 horas. El plantón permanece.

En las movilizaciones que realizarán este miércoles 10 de mayo acordaron un cambio de última hora. El Comité de Padres de los 43 no marchará del plantón que tienen en la PGR al Antimonumento +43, como estaba previsto, sino que se incorporará a la marcha que colectivos de familiares desaparecidos realizarán del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia, que partirá a las 10 horas.