lgunos llaman alquimia a la idea de que una reducción de los impuestos a las rentas de empresas y personas, que disminuyen los ingresos del fisco, se paga con la mayor recaudación que genera un fuerte crecimiento de la actividad económica, mismo que se deriva del mayor ingreso disponible para la inversión y el consumo.

Ese es el argumento detrás de la reforma fiscal que propone el gobierno de Trump, misma que seguirá luego de que, finalmente, la Cámara de Representantes pasó la ley que deroga la legislación sanitaria, la Obamacare.

La cuestión ha traído de nuevo a cuenta la experiencia de principios de la década de 1980 conocida como reaganomics.

Entonces, el economista Arthur Laffer alcanzó notoriedad argumentando que, en contra de lo que decían los keynesianos, el problema de la falta de crecimiento del producto no se debía a la reducida demanda, sino al obstáculo que los altos impuestos imponían a la inversión y que además bajaba los ingresos del gobierno por una menor recaudación.

La economía de la oferta aducía que cuando los impuestos subían, en un determinado punto provocaban que la gente trabajara menos y que, eventualmente, los ingresos fiscales caían. En el extremo, si la tasa de impuesto fuera de 100 por ciento nadie trabajaría. La tasa debería estar en el punto óptimo en que la recaudación fuera la máxima posible mientras la ocupación (de trabajo y capital) fuera la mayor posible. Esto fue lo que George Bush I llamó economía vudú.

Esta es también la postura que guía la reforma fiscal de Trump. Para que esto funcione deberían cumplirse varias condiciones: menor ritmo de aumento del gasto público; menores impuestos para las ganancias de capital y el ingreso de las familias; menor regulación de la actividad económica (en la producción y el financiamiento); bajar la inflación mediante una política monetaria restrictiva.

Aquí esta el quid del asunto. El gobierno quiere elevar el gasto –sobre todo el militar–, la economía está operando en un nivel bajo de desempleo, la Reserva Federal busca que aumente la inflación y las tasas de interés se están elevando poco a poco. No es el escenario de Reagan.

La regulación del sistema financiero de los años recientes respondió a las condiciones que provocaron la crisis de 2008 y echarla para atrás significa alentar otra vez acciones que refuerzan la inestabilidad económica en general.

Pero la noción de la era Reagan, de que el crecimiento se acelera motivando el gasto de consumo y la inversión, con mercados financieros eficientes y recompensando el emprendimiento, está de vuelta.

El asunto es, a final de cuentas, la repercusión sobre el tamaño de la deuda pública y del déficit fiscal. Eso fue lo que trajo el fin del reaganomics. La rebaja de impuestos en los años 80 equivalió a 2.9 por ciento del PIB, la de Trump se valúa ahora en 2.3, que sólo es superada por la de Truman, y de 2.7 en 1945, y eso fue al final de la guerra mundial.

Los economistas discutirán de vuelta si los déficits fiscales importan o no, derivado de nueva cuenta de la idea de que la reducción de los impuestos se paga sola, con el crecimiento que provocan. El dilema hamletiano persiste: imponer o no imponer. Esa es la cuestión.

En este caso se plantea la rebaja de los impuestos, lo que siempre aparece como una acción popular para un gobierno. El asunto es que hacerlo a rajatabla provoca eventualmente que no pueda sostenerse el déficit y que el gasto pública tenga que reducirse, sin que el gasto privado lo compense de manera suficiente.

Esto tiene que ver con el efecto de la reducción de los impuestos en distintos grupos de la población. Se trata de cómo se afectarán las ganancias de distintos tipos de empresas y de los diversos estratos de ingresos de la población que trabaja. Otra cosa es en qué se gastarán esos excedente tan disímiles. La reforma incluye adecuaciones en la gestión fiscal a escalas federal y estatal, que tienen también un efecto en el ingreso neto.

Todo esto tendrá un impacto adicional en la distribución de la riqueza y del ingreso, y de ahí en la desigualdad como fenómeno social y que, según estudios recientes, ha tendido a aumentar en décadas recientes, en especial desde la crisis financiera de hace ya casi una década.

La experiencia reciente de algunos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que han reducido el impuesto a las corporaciones no arroja evidencia clara acerca del impacto en el crecimiento de la economía, aunque el gasto en inversión se ha elevado. En todo caso, se estima que el proyecto de reforma fiscal de Trump no alcance a elevar la tasa de expansión del PIB de largo plazo de 2 a 3 por ciento anual.

La aritmética política, tal como se ha planteado hasta ahora en el plan de reforma, indica que habrá un fuerte aumento del déficit del gobierno, lo que provocaría un alza de las tasas de interés que contendría la inversión privada y, en efecto, neutralizaría la rebaja de los impuestos. Hasta ahora las tasas de interés no han respondido al alza a pesar del déficit fiscal, porque el nivel de la inversión privada ha sido reducido.

Otra cosa, por supuesto, representa la política de elevación de impuestos como la aplicada en la reforma fiscal de inicios de este gobierno en México.