Buenos Aires.

El último fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría dejar en libertad a decenas de responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante la pasada dictadura militar (1976-1983) fue denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez.

Reclama que la CIDH dicte una medida cautelar mediante la cual se ordene al Estado argentino que se abstenga de aplicar la ley 24.390 para el cómputo de la detención y de la pena que deben cumplir los condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad.

Este planteamiento ante la CIDH significa un apoyo a fiscales y jueces que no estén de acuerdo con el 2x1, ya que el Estado argentino tiene responsabilidades internacionales en estos casos. En ese aspecto señala que en el fallo, que se otorgó en el caso de Luis Miña, quien fue condenado por delitos de lesa humanidad como secuestro, tortura, desapariciones, de lo cual hay sobrevivientes que lo reconocieron, viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Muiña, condenado a 13 años de prisión, recibió el beneficio de 2x1, pero casación lo revocó y esta semana en un fallo dividido (tres contra dos) la Corte decidió que correspondía ese cómputo, abriendo las posibilidades a que más de 300 de los detenidos por delitos que son imprescriptibles, puedan pedir su libertad.

El abogado Jorge Auat, fiscal de delitos de lesa humanidad del Ministerio Público Fiscal, se refirió al fallo, lo que habilita el 2x1 a genocidas, y sostuvo que de reconciliación hablan los imputados en los juicios y los medios lo pregonan con crueldad.

Continúa ampliándose el rechazo desde diversos sectores y también diputados preparan un proyecto para pedir el juicio político contra los tres jueces de la Corte Suprema que tomaron esta decisión y, por su parte, los mismos funcionarios del gobierno de Macri, que habían estado de acuerdo en un principio con esta posición, salieron en la últimas horas a criticar el fallo, tardíamente pero conscientes de lo que había provocado en la sociedad.

El diputado Máximo Kirchner repudió el fallo y llamó a participar en la marcha del próximo miércoles 18 en Plaza de Mayo, convocada por organismos de derechos humanos.

“Hay una cuestión con este fallo del 2x1 que beneficia a asesinos y genocidas que tiene que ver con una instalación y un contexto que empezó con la modificación de Macri de un decreto de Alfonsín sobre el poder civil en el control de las Fuerzas Armadas, siguió con la discusión de cuántos son los desaparecidos, continuó con el mismo presidente hablando de guerra sucia, siguió con muchos diputados sacándose una foto diciendo que los derechos humanas eran un curro (negocio). No hay dudas que el gobierno preparó el terreno para esta decisión de la Corte”, dijo Máximo Kirchner en una entrevista en la radio AM750.

Asimismo, consideró que así como la miseria estaba planificada por este gobierno, también está planeado acabar con todo lo logrado en la lucha por los derechos humanos, algo que había adelantado su padre, el fallecido presidente Néstor Kirchner (2003-2007), y luego la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.