Un amparo que promovió desde diciembre le facilitó al ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, el diputado federal Tarek Abdalá Saad (PRI), evitar que la sección instructora decidiera si procedía la solicitud de desafuero realizada por el fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por un desvío de recursos de 23 mil 150 millones de pesos.

Este viernes vence el plazo para que esa instancia jurisdiccional determine si ha lugar el desafuero de Abdalá, pero ante el empate de votos entre sus cuatro integrantes, el presidente Ricardo Ramírez Nieto (PRI) determinó que la suspensión definitiva obtenida por el legislador impide a la Cámara de Diputados retirarle la inmunidad constitucional de que goza, por lo que el asunto queda cerrado.

Durante la reunión de ayer Ramírez Nieto presentó sus argumentos a los otros tres integrantes de la sección –Sandra Méndez Hernández (PRI), Juan Pablo Piña (PAN) y Omar Ortega Álvarez (PRD)– en el sentido de que la suspensión impedía emitir un dictamen.

Piña y Ortega argumentaron que la decisión judicial sólo obliga a la fiscalía veracruzana, pero no a la Cámara de Diputados, lo cual quedó comprobado en el recurso de inconstitucionalidad que Abdalá interpuso contra la instructora, que fue desechado porque las resoluciones de ésta son inatacables.

Ramírez Nieto cuestionó, en conferencia de prensa, que Winckler sabía, porque así fue notificado por el juzgado onceavo en materia administrativa, que le habían concedido una suspensión provisional a Abdalá, la cual quedó como definitiva, cuando la fiscalía de Veracruz no la recurrió.

Dijo que aun así, Winckler se presentó a solicitar el desafuero, a pesar de que desde diciembre estaba impedido de cualquier acción penal contra el ex colaborador de Duarte. Lo ocultó dolosa y deliberadamente, afirmó.

Expuso que si bien Abdalá entregó el amparo a la instructora en febrero, antes tenían que agotarse todas las etapas del proceso, y al investigar en el juzgado si el amparo sigue firme, se le notificó que la audiencia prevista para el martes pasado se difirió.

Los diputados de PAN y PRD cuestionaron que la obligación de Ramírez Nieto era presentar un dictamen con esos argumentos, pero no lo hizo. El caso se va al limbo. ¡Viva la impunidad!, expresó el perredista.