Por haberse defendido cuando sus ex parejas las agredieron física y sexualmente, las indígenas nahuas Elvia Méndez Castillo y Juana Ramírez Marcos fueron condenadas a un año de prisión, en una muestra más de que las instituciones de justicia en México siguen actuando con criterios misóginos y patriarcales, señaló el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Cristian Campos, encargado de prensa de dicho colectivo, explicó en entrevista con La Jornada que Elvia Méndez, de 20 años de edad y originaria de la comunidad guerrerense de San Pedro Petlacala, se separó de su esposo debido a que éste la agredía en forma constante.

En diciembre de 2016, Elvia se encontró con su ex pareja sentimental, quien comenzó a golpearla en plena calle, a pesar de que estaba presente la hija de ambos, de apenas cinco meses de edad, y de que la mujer aún se estaba recuperando de una cesárea.

Para disuadir a su atacante, la joven tomó una botella rota y la usó contra él. Debido a ello, la titular del juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos condenó a Elvia a un año de prisión y a la reparación económica del daño, acusada de lesiones agravadas en contra de su ex esposo, sin considerar que actuó en legítima defensa de ella y su hija.

La juez, además, consideró que la culpable era la mujer, porque era más grande y de mayor peso que su agresor.

El otro caso

En el caso de Juana Ramírez, detalló Campos, también se separó de su esposo por haber sido víctima de violencia sicológica, física y patrimonial por parte de él y de la familia de éste durante varios años, a tal punto de que en una ocasión el hombre trató de asfixiarla mientras le reclamaba que no podía darle un hijo.

En 2015, la ex pareja de Juana la agredió sexualmente, y cuando ella se defendió del ataque, lo dejó lastimado. La misma juez que sentenció a Elvia la condenó a ella a un año y tres meses de prisión y a la reparación del daño, también por el cargo de lesiones agravadas.

Tlachinollan acusó a la juzgadora de llevar a cabo procesos judiciales llenos de maltrato y discriminación, y llamó al Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero a revocar las sentencias de Juana y Elvia, así como a analizar sus casos con perspectiva de género y etnicidad.

Ambos ejemplos, subrayó Cristian Campos, demuestran que la misoginia y el machismo forman parte estructural de las instituciones de justicia, incluso cuando la encargada de dictar sentencia es una mujer.

Los jueces resuelven los casos sin perspectiva de género y de manera muy rudimentaria; sólo se basan en quién le hizo más daño a quién, lamentó.

Episodios como los de Elvia y Juana llevaron a diversas organizaciones de derechos humanos a pedir al gobierno estatal que declarara la alerta por violencia de género, pero las autoridades desestimaron la solicitud, pasando por alto que Guerrero está entre las tres entidades con mayor número de feminicidios, de acuerdo con ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.