Grupos civiles que atienden el problema de los desaparecidos calificaron la situación en México de grave y dolorosa. La magnitud de la desgracia se mide con un dato concreto: no hay siquiera un registro nacional confiable para conocer el número de víctimas.

Los rezagos, reflejo de la impunidad prevaleciente, se abordan a partir de la construcción –y posible aprobación– de la primera ley de desaparecidos en México. La oportunidad de dar o no este paso se verá la próxima semana en el Senado.

Como se difundió ayer en La Jornada, los actores involucrados buscan, a marchas forzadas, alcanzar acuerdos para concluir un dictamen y llevarlo a votación durante el actual periodo ordinario de sesiones en el Congreso. El problema es que termina en 15 días.

De lo contrario será poco probable alcanzar consensos en lo que resta de la presente legislatura (2012-2018), admiten funcionarios, legisladores y organizaciones no gubernamentales consultadas.

El fenómeno de los desaparecidos escaló de manera acelerada como consecuencia de la militarización de las tareas de seguridad pública desde que dio inicio la llamada guerra contra el narcotráfico, en 2006.

En ese diagnóstico coinciden defensores de derechos humanos, colectivos como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Asociación Civil (Cadhac) e integrantes del grupo y comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la desaparición forzada.

“La firme interpelación de las víctimas y la horrorosa magnitud de las desapariciones han terminado por ser inocultables en México (…) La tragedia de las desapariciones nos interpela a todos y todas”, subraya Cadhac.

Una década después del inicio de esta crisis el país carece todavía de un mecanismo nacional y homologado de búsqueda y tampoco cuenta con protocolos de reacción inmediata, pese a que las primeras horas –tras la denuncia de la desaparición– son fundamentales para ubicar el paradero de las víctimas de acciones cometidas por particulares o por agentes del Estado (desaparición forzada).

Como se mencionó, no hay un registro nacional de personas desaparecidas, sólo se cuenta con una numeralia de personas no localizadas. Hasta el corte más reciente, enero de 2017, hay 30 mil 973 personas en esta situación, la mayoría (29 mil 912) de casos no resueltos por las procuradurías y fiscalías estatales y mil 61 cuya investigación corresponde a la Procuraduría General de la República.

El acumulado muestra casos rezagados desde hace una década y los históricos, cuyo origen de apertura de un expediente se desconoce.

El abogado Ariel Dulitzky, quien está por concluir su gestión dentro del grupo de la ONU para las desapariciones forzadas e involuntarias, dijo al respecto:

Los datos disponibles, acerca de más de 25 mil desapariciones reflejan la gravedad, la magnitud y el deterioro de la situación (...) No existe siquiera un registro nacional unificado con datos confiables sobre el número de personas desaparecidas. No se puede decir hoy quiénes son los responsables de estas desapariciones y tampoco se sabe si las que se ubicaron aparecieron vivas o muertas.

A nivel local (fuero común), las entidades con mayor número de expedientes sin resolver son: Tamaulipas (5 mil 558), estado de México (3 mil 351), Jalisco (2 mil 634), Sinaloa (2 mil 444) y Nuevo León (2 mil 429).

En el más reciente informe de Cadhac se pone énfasis en el subregistro de desapariciones, así como en el incremento de la violencia a escala nacional, desde 2007. En el caso específico de Nuevo León hace mención de la violencia extrema y de la incapacidad estatal y de violaciones a los derechos humanos.