París.

La justicia francesa pidió al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de la candidata presidencial Marine Le Pen por un caso de presuntos empleos ficticios, apenas nueve días antes de que los habitantes acudan a las urnas en una de las elecciones más impredecibles en la historia reciente del país, si bien la ultraderechista encabeza las encuestas.

La solicitud fue hecha a finales de marzo, después de que la lideresa de extrema derecha, quien invocó su inmunidad de eurodiputada, rechazó acudir a una convocatoria de los magistrados. La aspirante del Frente Nacional (FN) se ha negado a responder durante la campaña electoral a cualquier cita judicial señalando que este periodo no permite ni la neutralidad ni la serenidad necesarias para el funcionamiento correcto de la justicia.

La justicia francesa investiga si Le Pen y otros eurodiputados del FN pagaron con fondos europeos a asistentes parlamentarios que en realidad trabajaban para el partido. Además de Le Pen, los jueces pidieron levantar la inmunidad de la europarlamentaria del FN Marie-Christine Boutonnet por el mismo caso.

Operación política

Marine Le Pen consideró que esa pesquisa es una operación política que busca interferir en la elección presidencial. Entrevistada por la radiodifusora Franceinfo, opinó: Es normal, es el procedimiento clásico, no me sorprende.

Es poco probable que el pedido de la justicia francesa sea procesado antes de los comicios. De acuerdo con casos precedentes, el proceso de examen para levantar la inmunidad de un eurodiputado puede durar de seis a ocho meses.

La eurocámara ya levantó la inmunidad a Le Pen a comienzos de marzo, pero fue una decisión sólo válida para otro proceso que giraba en torno a la difusión de imágenes sobre la violencia del grupo Estado Islámico.

Además, recientemente la oficina antifraude de la Unión Europea determinó graves irregularidades en contrataciones del FN en el Parlamento Europeo. La derechista hizo un contrato laboral ficticio con una empleada que no trabajaba para la cámara, sino para el partido en la región de París.

Por ese caso, la eurocámara exigió la devolución de 340 mil euros (360 mil dólares) por asignación fraudulenta. La asamblea comenzó a retenerle parte de su salario para devolver el dinero.