olamente Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto supusieron que el escándalo Odebrecht no les alcanzaría. Uno, porque cree que ya han caído en el olvido las múltiples irregularidades corruptas sucedidas durante aquel sexenio de las camisas azules y las manos negras (esta descripción político-cromática es tomada, obviamente, del documentado libro de la periodista Ana Lilia Pérez Mendoza sobre el saqueo de Pemex desde Los Pinos calderonistas https://goo.gl/h1eIz8). Otro, porque cree que puede mantener en secreto oficial los detalles de las operaciones realizadas por sus subalternos sabidamente adictos a la extracción del dinero público para cuentas particulares, como ahora se acusa desde Brasil a Emilio Lozoya Austin, el primer director de Pemex en la etapa peñanietista.

Del equipo calderonista ya se ha hecho saber que ciertos ex funcionarios de Pemex están inscritos en la larga nómina latinoamericana de receptores de sobornos, que en otros países se ha demostrado que alcanzó niveles presidenciales. En México, por lo pronto, los indicios documentales llegan hasta subordinados de Calderón, aunque el tamaño de los negocios autorizados hace muy difícil que en un país de mando tan centralizado, como es México, una hoja contractual de ese árbol de la corrupción institucionalizada se moviera sin la autorización expresa del ocupante en turno de la silla presidencial.

En Camisas azules, manos negras, publicado en 2010, la autora asegura que “entre diciembre de 2000 y 2009, de manera directa o a través de sus emisarios, Vicente Fox Quesada, Marta Sahagún y sus hijos Manuel y Jorge Bribiesca, Felipe Calderón Hinojosa, César Nava Vázquez, Juan Camilo Mouriño, Juan Bueno Torio, Jorge Nordhausen, Diego Fernández de Cevallos, Francisco Barrio Terrazas, Eduardo Romero Ramos, Rosendo Villarreal, Jesús Reyes Heroles, Raúl Muñoz Leos, Luis Ramírez Corzo, Carlos Morales Gil, Rafael Beverido Lomelín, Néstor García Reza, entre otros personajes, incluido el temible Guillermo González Calderoni, protector y socio de los cárteles de Juárez y del Golfo, cruzaron el umbral del edificio corporativo en Marina Nacional en busca de jugosos negocios. Muchos de ellos trascendieron en escándalo. En todos privó la impunidad”.

En el caso de Lozoya Austin, la muy extendida sospecha sobre su participación en el escándalo Odebrecht se ha fortalecido ante el conocimiento de partes del expediente judicial, en el que un alto directivo de la firma brasileña afirma haber recibido instrucciones de entregar 5 millones de dólares a quien entonces era director de Pemex. No se afirma que dicha orden hubiese sido cumplida ni se dan pruebas de tal entrega, y el propio acusado asegura que la versión es falsa y que entablará acciones judiciales para proteger su buen nombre. El debido conocimiento de lo que realmente sucedió en ese tramo de la administración de Lozoya ha sido sustraido al legítimo interés público, pues las autoridades mexicanas consideran que tal información debe mantenerse en secreto durante varios años más. Mientras tanto, bien se ha sabido que el mencionado Lozoya era aficionado a gastar el presupuesto público en rutinarios viajes en helicóptero entre su domicilio particular y su oficina.

Del tema se escribió aquí casi dos meses atrás, el 16 de febrero, bajo el título Odebrecht, Lozoya, Peña; sobornos en Pemex (https://goo.gl/hZ3qRw). En dicha columna, además de recordar las relaciones grupales del citado Lozoya Austin y de su padre, el salinista Emilio Lozoya Thalman, se mencionó que aquel, menos de tres meses antes de ocupar la dirección general de Pemex, había sido ni más ni menos que miembro del consejo de administración de la vertiente mexicana de OHL, la empresa tan constante y fundadamente señalada como paradigma de corrupción entre particulares, españoles y mexicanos, y funcionarios y políticos del estado de M xico, tanto en esta entidad como en su extensión en el gobierno federal.

Y, aprovechando que la atención pública está dispersa o es abiertamente omisa en esta temporada vacacional, se ha puesto en libertad a otro personaje emblemático: Amado Yáñez, quien fue el principal accionista de Oceanografía, joya de corrupción protegida principalmente por el foxismo-sahagunista y aprovechada en especial por los prósperos retoños Bribiesca.

Yáñez estuvo encarcelado 30 meses bajo la acusación de haber violado gravemente la Ley de Instituciones de Crédito, por haber presentado 166 estimaciones falsas a Banamex para obtener créditos por 5 mil 312 millones 329 mil 400 pesos y por el presunto desvío de un préstamo de Banamex por 55 millones de pesos a AMRH International Soccer, la empresa que administraba al equipo de futbol Gallos Blancos, del cual fue dueño”, según la nota de César Arellano en La Jornada. Ahora, merced al nuevo sistema de justicia en materia penal, Yáñez dejó una fianza de 7.5 millones de pesos para salir de la prisión preventiva y llevar su proceso en libertad.

Un lector escribe: en la delegación Benito Juárez se tiene un programa caduco y notoriamente obsoleto, con el que justifican todo tipo de construcciones, aduciendo con estadísticas del año 2000 que la demarcación está despoblada. En el caso de la colonia Xoco, se llevan a cabo múltiples desarrollos intensivos bajo esta falsa premisa, de entre los cuales destacan Ciudad Progresiva (hoy Mitika), los conjuntos de City Towers y los edificios Agatha (el lector aporta detallada descripción de las graves irregularidades permitidas en estas construcciones por las autoridades de la Benito Juárez y enumera las políticas de esta delegación que son altamente lesivas para la comunidad, en términos urbanos, de convivencia e incluso de salud física).

Y, mientras las carreteras nacionales siguen produciendo tragedias como la de ayer en un punto guerrerense de la autopista Siglo XXI, como parte del declive institucional del país, de la falta de controles y atención, y no sólo por fallas humanas, que también las hay, ¡hasta el próximo lunes!

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