La ola de ataques contra periodistas, comunicadores y activistas en favor de los derechos humanos cometidos el mes pasado en diversas regiones del país muestran la debilidad de las instituciones responsables de garantizar el libre ejercicio del periodismo y las actividades pro garantías individuales, advirtieron Dolores Padierna y Angélica de la Peña, senadoras del Partido de la Revolución Democrática.

La coordinadora perredista presentó una iniciativa para modificar el artículo 6 constitucional, a fin de salvaguardar los derechos de periodistas. Los asesinatos de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua; Cecilio Pineda en Veracruz y Ricardo Monlui en Guerrero han vuelto a colocar ante la conciencia pública la adversidad y la fragilidad en la que desarrollan su trabajo los periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, destacó Padierna.

Resaltó que México enfrenta una crisis de violencia y en medio de ella los periodistas se han convertido en uno de los grupos más vulnerables al crimen. Los recientes asesinatos son parte de una persecución sistemática contra el gremio, cuyo objetivo es silenciar a quienes investigan y denuncian los hechos de violencia y de corrupción.

Padierna aseveró que el Estado mexicano debe seguir los principios que tutelan el derecho a la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo y obedecer los instrumentos internacionales de los que forma parte.

Por su parte, De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sostuvo que el reporte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión muestra que durante la administración de Enrique Peña Nieto se han iniciado 607 averiguaciones previas y 95 carpetas de investigación por delitos contra quienes ejercen la actividad periodística, pero no se ha dado ninguna detención y únicamente tienen libradas cinco órdenes de aprehensión.

Según datos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, actualmente atiende a 321 activistas pro garantías.

La perredista exigió un cambio en la estrategia de colaboración y comunicación entre las autoridades estatales y federales, con el propósito de proteger eficazmente la seguridad y garantizar el desempeño de los comunicadores y defensores de derechos humanos.

Es urgente detener estos ataques, porque cada uno representa una amenaza contra quienes laboran en los medios de comunicación y dedican su vida a la promoción y defensa de los derechos humanos de la población; son un ataque contra el estado de derecho, contra la democracia, insistió De la Peña.