l obispo de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, cimbró al gobierno y a la clase política al sacar a la luz pública que no sólo él se ha reunido con grupos de la delincuencia organizada, sino también, aunque por debajo de la mesa, lo han hecho autoridades gubernamentales.

A más de un funcionario debió haberle recorrido un aire helado desde el cerebro hasta el cóccix cuando el clérigo acusó: ...sólo que no han querido resolver el problema de la violencia porque no les conviene.

Fue hasta el fondo: El gobierno sabe bien quiénes son (los grupos delincuenciales) y dónde están. Luego, para no dejar dudas, remató: Hay cierta repartición de dividendos. La violencia no la quieren aplacar porque el narcotráfico es un gran negocio, y ni modo que los de Guerrero sean almas puras. No les conviene que el negocio se acabe.

De inmediato, una voz de la esfera gubernamental dijo respetar lo dicho por el sacerdote y que no deseaba confrontarlo. Otra voz, del Congreso local, intentó desacreditar lo ventilado por Rangel. Me parece que no es correcto (que el clérigo hable de que el gobierno protege al narcotráfico).

María de Jesús Cisneros Martínez, diputada de Morena, razonó en tribuna: Si viviéramos en un estado de derecho, las declaraciones del obispo Salvador Rangel Mendoza habrían cimbrado las instituciones de Guerrero, pues sus confesiones y revelaciones generan gran preocupación para la sociedad guerrerense.

Puso los puntos sobre las íes: no se trata sólo de declaraciones, deslindes o confrontaciones. Lo menos que se debió hacer era enviar al obispo un agente del Ministerio Público para que lo dicho ante medios conste en actas y se inicien las investigaciones correspondientes para castigar a quienes estén involucrados en actos delictivos o al menos citarlos para que aclaren cualquier vínculo en que el obispo los involucre.

Luego circuló la versión de que un funcionario del gabinete estatal se entrevistó con Rangel Mendoza y ambos pactaron en secreto no abordar públicamente el tema del narcotráfico, luego de que el servidor público confesó (así se difundió) que el problema de la violencia se les había salido de las manos y que sin la participación del gobierno federal, el estatal poco o nada podría hacer.