a crisis política e institucional que vive Venezuela se agudizó con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las facultades de la Asamblea Nacional (congreso) en tanto ésta se mantenga en desacato al Poder Judicial. Ayer, diputados opositores se enfrentaron con efectivos militares frente a la sede del máximo tribunal, el cual desde enero pasado declaró en desacato al Legislativo por haber tomado protesta a tres antichavistas cuyos triunfos electorales fueron desconocidos por la autoridad comicial del país.
En respuesta a la medida del TSJ, tanto organizaciones y medios antichavistas como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, se refirieron a un golpe de Estado
en la nación bolivariana.
Ciertamente, la mayoría opositora que domina la Asamblea Nacional, en su afán por contar con las dos terceras partes de los diputados para derogar leyes orgánicas e iniciar un proceso de destitución del presidente Nicolás Maduro, cometió un grave error al violentar el fallo inapelable que prohibía la juramentación de los tres impugnados. Asimismo, los legisladores de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) intentaron, pese a que el organismo parlamentario había sido declarado en desacato, interferir indebidamente en acciones del Ejecutivo orientadas a crear empresas mixtas en el sector de hidrocarburos.
Al mismo tiempo, es sin duda criticable que el organismo judicial pretenda asumir funciones legislativas, no sólo porque ello constituye un claro desconocimiento del principio de separación de poderes –particularmente, del poder que representa la más reciente expresión de la voluntad popular–, sino porque con ello se da munición a los enemigos internos y externos del gobierno chavista.
La medida resulta tanto más desafortunada si se tiene en cuenta que la víspera la presidencia de Maduro obtuvo una victoria diplomática en la OEA, toda vez que logró frustrar la pretensión de Almagro de que el organismo exigiera la realización inmediata de elecciones y la liberación de los opositores presos como condición para no suspender a Venezuela como Estado miembro de la organización. En cambio, unos 20 países –entre los cuales estuvieron incluso Estados Unidos y Canadá– se manifestaron por apoyar el diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas en la nación sudamericana antes de aceptar la propuesta del exaltado secretario general de la organización.
En el delicado momento presente todos los gobiernos de la región debieran acatar escrupulosamente el principio de no intervención y permitir que los venezolanos resuelvan por sí mismos sus diferendos políticos e institucionales. La injerencia de gobiernos extranjeros y organismos internacionales –especialmente la OEA, cuya tendencia histórica a aplicar los dictados de Washington para todo el continente es de sobra conocida– sólo complica y agrava la crisis por la que atraviesa Venezuela. Ésta debe resolverse, en cambio, mediante el diálogo entre las partes, en el pleno ejercicio de la soberanía nacional y en la observancia de los principios democráticos fundamentales.
