llá por los felices días del arranque sexenal, el inquilino de Los Pinos se estrenó con la firma del Pacto por México, con 95 compromisos que (versión oficial) busca conciliar posturas para transformar el país. Junto a la rúbrica de Peña Nieto aparecieron las de los entonces dirigentes de PRI, PAN y PRD, todo avalado por los gobernadores, entre los que se contaban Javier Duarte, César Duarte, Ángel Aguirre, Andrés Granier, Roberto Borge, Gabino Cué, Guillermo Padrés, Rubén Moreira, Fausto Vallejo y Rodrigo Medina (hoy prófugos de la justicia, encarcelados y/o con investigaciones o procesos penales abiertos).

Pero bueno, en su compromiso número 61, los abajo firmantes del Pacto acordaron transformar la minería en una industria eficiente y socialmente responsable, porque los beneficios que la industria minera genera deben incluir a los habitantes de las zonas donde ésta se establece (en los hechos los consorcios mineros no incluyen, sino que expulsan a los habitantes y demuelen sus viviendas, con apoyo gubernamental, y allí está el caso de Salaverna, en Mazapil, Zacatecas, donde Grupo Frisco hizo lo que le vino en gana, práctica que no ha generado queja alguna de los pactistas).

Por lo anterior, decían, se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Los recursos emanados de estos derechos se aplicarán prioritariamente en beneficio directo de los municipios y comunidades donde se establezcan las explotaciones mineras. Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.

Más de cuatro años después, la nueva ley brilla por su ausencia y los barones de la minería no salpican un centavo en beneficio directo de la población en zonas de explotación. Por ejemplo, Zacatecas, estado minero por excelencia (más de 21 por ciento de su territorio está concesionado a empresas mineras), participa con cerca de 25 por ciento del valor total nacional de esa actividad (las cifras son de la Secretaría de Economía), y aporta 43 por ciento de la producción de oro, casi 40 por ciento de plata, más de 7 por ciento de cobre y alrededor de 20 por ciento del zinc que se extrae en toda la República.

Lo anterior genera ingresos multimillonario para… los dueños de los consorcios mineros. Y en Zacatecas los amos y señores de esta actividad son Alberto Bailleres, Carlos Slim, Germán Larrea (los tres empresarios marca Forbes) y trasnacionales canadienses, como Gold Corp y First Majestic Silver. Todos ellos, concesionados por el mismo gobierno que se comprometió a transformar la minería, concentran la extracción y producción de oro, plata, cobre, zinc y plomo.

Ingresos de ensueño para ese selecto club, el cual, por cierto y como parte de la transformación, ahora también participa en el negocio petrolero privado (crudo, gas, plataformas, etcétera) y desde antes en otras áreas de la economía en las que se quedaron con los bienes originalmente de la nación. Para no ir más lejos, son los mismos beneficiarios –hinchados de dinero– desde los tiempos privatizadores de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.

En síntesis, empresarios grotescamente multimillonarios a costillas de la riqueza nacional y de la miseria en las zonas extractivas, y aun así se niegan a soltar un centavo en beneficio de las comunidades (obvio es que los pactistas no han dicho absolutamente nada). En fin, sirva lo anterior de contexto a lo publicado ayer por La Jornada Zacatecas. Va, pues.

“Los grandes empresarios mineros, que también son los hombres más ricos del país, no sólo se han opuesto a contribuir en Zacatecas con el pago del denominado Impuesto Ecológico, sino que ahora buscan que las condonaciones fiscales con las que les benefició el Servicio de Administración Tributaria (SAT) queden en la opacidad.

“Desde 2015, un ciudadano solicitó, vía transparencia, la información sobre el monto de condonaciones fiscales y las empresas beneficiadas. La resolución del Inai fue favorable al particular y en numerosas ocasiones ha solicitado los datos al SAT por considerarlos de alto interés público.

“Primero fue la dependencia federal la que inició una serie de recursos legales para afrontar tanto la demanda del solicitante como el amparo interpuesto por la organización Artículo 19 y el medio digital Animal Político. Toda la argumentación del SAT, por tanto, ha estado enfocada a negar la entrega de esta información.

“Finalmente, tras la resolución del decimosexto tribunal colegiado en materia administrativa en favor del particular, el SAT aseguró que se encuentra en proceso de cumplir poco a poco con la entrega de los datos solicitados. En caso de que no se cumpla con la resolución, los funcionarios de esta dependencia federal pueden ser destituidos y consignados penalmente.

“Sin embargo, después de haberse concluido este proceso hasta lograr que la dependencia federal vaya a hacer pública esta información, ahora son los propios empresarios beneficiados con estas condonaciones de adeudos fiscales quienes se ampararon para evitar que se conozcan los montos millonarios que les fueron perdonados desde 2007 hasta 2015.

“Se menciona que son unas 40 empresas las que interpusieron este recurso legal. Entre ellas, compañías que encabezan o de las que son inversionistas los empresarios mineros más grandes del país, que operan en Zacatecas y que se han amparado contra el gobierno del estado para no tener que pagar el Impuesto Ecológico.

Se trata de Carlos Slim (Frisco), Germán Larrea (Grupo México) y Alberto Bailleres (Peñoles), pues entre las empresas que pelean para que no se hagan públicos los beneficios fiscales obtenidos en los últimos años están Grupo Carso, Grupo Nacional Provincial (GNP) y Scotiabank.

A cuatro años de distancia no hay nueva ley minera, como se comprometieron los pactistas, ni beneficios a los habitantes de las zonas donde se establecen los consorcios mineros y mucho menos revisión del esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción. Sí, en cambio, más concesiones y perdones fiscales, cortesía del gobierno federal, gerente de los barones.

Entonces, ¿así o más transformación?

Las rebanadas del pastel

De nueva cuenta el Banco de México incrementó su tasa de referencia (de 6.25 a 6.50 por ciento), de tal suerte que el costo lo traslada a los usuarios de crédito, especialmente a los del dinero plástico. De diciembre de 2015 a la fecha dicho indicador se duplicó.

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