Uno de los actores más vulnerables, sobre todo en entidades con presencia de grupos delincuenciales, son los periodistas, y los crímenes en su contra se mantienen con altos niveles de impunidad, aseveró Luis Astorga, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De esta manera, la delincuencia organizada ha puesto límites a la libertad de expresión, pero no parece fácil regular los espacios mediáticos que ella emplea para difundir sus mensajes sin caer en la tentación de ver censura.

Al participar en el seminario Prensa escrita y drogas ilegalizadas en México, que se celebró ayer en el IIS, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado que la mayor parte de asesinatos, desapariciones y secuestros de periodistas se concentra en entidades con fuerte presencia de organizaciones criminales: Tamaulipas, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Nuevo León y Michoacán. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que de 2000 a septiembre de 2015 en el país han sido asesinados 107 periodistas.

Astorga, quien es coordinador de la cátedra Unesco Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el Problema Internacional de las Drogas, enfatizó que el Estado mexicano ha sido ineficaz tanto en el diseño de una política de drogas con base en el conocimiento científico y el respeto a los derechos humanos, como en las estrategias puestas en práctica contra la delincuencia organizada y la protección de la sociedad.

En su intervención, hizo además una crítica al manejo que muchos medios dan a la información relacionada con la delincuencia organizada y la estrategia gubernamental en su contra.

Y es que, dijo, refuerzan los esquemas o categorías que sobre los criminales y sus actividades manejan fuentes oficiales, actores gubernamentales nacionales y extranjeros, y agencias de seguridad, entre otros.

De manera voluntaria o involuntaria en las notas, artículos, columnas y a veces libros de quienes cubren esas fuentes, transcriben y editan boletines de prensa o reciben de manera preferente información de circulación restringida. Hay versiones de diversas autoridades nacionales y extranjeras, y de las propias organizaciones criminales que son reproducidas por los medios sin comprobación alguna, sin que se planteen dudas acerca de su veracidad y que a fuerza de repetirlas se convierten en verdades.