La decisión del juez tercero de distrito de Veracruz, Anuar González Hemadi, de conceder un amparo a Diego Cruz –uno de los integrantes de Los Porkys acusado de atacar sexualmente a una joven en esa entidad– para obtener su libertad inmediata y quedar exonerado del delito, generó alarma social en el ambiente político, entre organizaciones de derechos humanos, jurídicas y agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acreditadas en México.

Incluso, la Secretaría de Gobernación advirtió que el criterio utilizado por el juez González podría llevar a la justificación de la violencia contra las mujeres y ser una peligrosa vía para la repetición de agresiones.

En un comunicado firmado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, se calificó de preocupante la resolución del juez, pues con base en ello se puede señalar a las mujeres como víctimas sólo en función de la interpretación de supuestas intenciones (del victimario) y al presumir el consentimiento de las personas agredidas sin entender la naturaleza del caso o la vulnerabilidad en que se encuentran.

En la Cámara de Diputados, las presidentas de las comisiones de la Familia y Desarrollo Humano y de Derechos Humanos, Lisbeth Hernández Lecona (PRI) y Angélica de la Peña (PRD), respectivamente, deploraron, por separado, que el juez pasara por alto el Protocolo para Impartir Justicia con Perspectiva de Género, que recomienda aplicar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos como el de la violación que sufrió la joven Dafne N por parte de Diego Cruz y otros tres jóvenes.

Rodolfo Domínguez, abogado y director de la asociación Justicia, Derechos Humanos y Género, señaló que los impartidores de justicia desconocen los estándares en materia de investigación y sanción de violencia sexual, y aunque tienen la obligación de resolver con perspectiva de género, no lo hacen.

Además, dijo que en este caso los argumentos del juez Anuar González son interpretaciones que no se sustentan en la ley.

Agregó que esta situación refleja una realidad que todavía es mucho más cruda, porque las pocas mujeres que denuncian abusos sexuales deben enfrentar a jueces como Anuar González, quienes argumentan que no existe violación sexual cuando, por ejemplo, la víctima no gritó ni se defendió, o que no existan lesiones en el área genital.

Exige Inmujeres revisar el fallo

El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) instó al Consejo de la Judicatura Federal a revisar de inmediato el fallo, pues constituye una franca violación a las garantías de seguridad jurídica para la víctima.

En un comunicado, el Inmujeres indicó que con resoluciones de este tipo no sólo se violentan los derechos de las víctimas, sino que se sientan precedentes que afectan a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo a las niñas y las mujeres.

Ana Güezmes, representante de ONU Mujeres México, expresó su preocupación por el amparo que otorgó el juez González Hemadi a Diego Cruz, porque es un caso emblemático y nos sumamos a esta idea de justicia para Daphne. Sabemos que ha sido una mujer valiente y nos gustaría hacer un llamado a que se revise esa sentencia y esa manera de interpretar la violencia sexual.

Ante la ola de reacciones, el juez Anuar González se declaró impedido por un conflicto de interés para atender el caso de Enrique Capitaine, otro de Los Porkys.

Esta determinación llega después de que el juez fue objeto de críticas y señalamientos contra él y su familia por otorgar un amparo que podría dejar en libertad a Diego Cruz.

(Andrea Becerril, Víctor Ballinas, Fabiola Martínez, Jessica Xantomila y Alma Muñoz, reporteros, y Eirinet Gómez, corresponsal)