n las pasadas dos semanas los diarios nacionales han reportado dos nuevos hallazgos de fosas clandestinas en Morelos y Veracruz, aumentando la numeralia del terror en México.

En el primer caso, se trata de la fosa común de Jojutla, en el cementerio municipal Pedro Amaro, donde hasta el 27 de marzo se habían encontrado 45 cuerpos, la mayoría de ellos sin expedientes ni necropsias y varios totalmente vestidos y con pies y manos atadas. Al igual que en la fosa de Tetelcingo, donde el año pasado se exhumaron 117 cuerpos, se trata de fosas comunes gubernamentales, que al parecer han sido usadas para deshacerse de víctimas del crimen organizado. Las irregularidades de las inhumaciones y las condiciones en las que los cuerpos han sido encontrados hacen difícil diferenciar las fosas comunes gubernamentales de las fosas clandestinas del narco. En cualquier otro país democrático, estas exhumaciones habrían dado pie a investigar la cadena de mando y realizar destituciones al más alto nivel.

Paralelamente, en Veracruz en el predio Colinas de Santa Fe, el colectivo El Solecito, formado por familiares de desaparecidos, encontró 250 restos humanos en 120 fosas clandestinas. Ambos procesos de exhumación continúan y es muy probable que los números sigan aumentando. El país parece estarse convirtiendo en un gran cementerio clandestino, sin que a la fecha se finquen responsabilidades ni se logren identificar la mayoría de los cuerpos encontrados.

La existencia de fosas clandestinas ha ido de la mano con el fenómeno de la desaparición de más de 26 mil personas, que bajo el eufemismo de personas no localizadas, ha venido a ocultar la red de complicidades entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.

Este contexto de graves violaciones a los derechos humanos, plantea nuevos retos para quienes investigamos desde las ciencias sociales y otras disciplinas afines temas relacionados con el acceso a la justicia. Estamos ante un periodo de emergencia nacional que muchos científicos prefieren ignorar. Sin embargo, integrantes de una generación joven de arqueólogos y antropólogos físicos especializados en culturas mesoamericanas han decidido convertirse en investigadores forenses para acompañar a los familiares en sus búsquedas. Antropólogas jurídicas y sociales que trabajamos temas relacionados con el pluralismo legal o los derechos indígenas, estamos incursionando en nuevos campos disciplinarios que nos acercan a lo que el antropólogo español Francisco Ferrándiz ha llamado la etnografía a pie de fosa. El Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense (GIASF), con mucho compromiso, poco presupuesto y el apoyo institucional de Ciesas, ha recorrido en año pasado los estados de Veracruz, Coahuila, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Morelos y Nuevo León, dando capacitación y asesoría técnica y legal a colectivos de familiares de personas desaparecidas en temas de búsqueda y exhumación de restos humanos. El Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), formado mayoritariamente por mujeres jóvenes, arqueólogas y antropólogas físicas, ha realizado peritajes independientes para organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos.

El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana ha creado una base de datos con un poco más de 3 mil registros de casos de fosas desde 2007 a 2014. A esta información se le agregaron variables geográficas y sociodemográficas que la organización Data Cívica ha sistematizado, así como un modelo estadístico diseñado por Human Rights Data Analysis Group (véase). Este modelo permite predecir en qué municipios es posible encontrar fosas clandestinas, lo cual podría apoyar en la búsqueda de desaparecidos y a la vez dar elementos para ubicar las regiones de mayor vulnerabilidad y trabajar en la prevención.

Todos estos esfuerzos de poner la investigación científica al servicio de la sociedad civil que busca justicia, se están realizando con el apoyo público cada vez más reducido a la ciencia y la educación en el país. Mientras se crean estos espacios para producir ciencia con conciencia, el presupuesto nacional dedicado a la ciencia y la tecnología se ha reducido este año en 7 mil millones de pesos, es decir, en 23.3 por ciento en comparación con el año anterior. Los nuevos retos de investigación se están enfrentando a partir de las alianzas de los y las investigadoras con los familiares de los desaparecidos. Sin dinero para trabajo de campo, para la creación de laboratorios o la compra de equipo técnico, los jóvenes investigadores tienen que utilizar sus mermados salarios para responder a esta emergencia nacional. ¿Hasta cuándo la investigación y la educación van a ser priorizadas para enfrentar las múltiples violencias que se viven en nuestro país?

* Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social