El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)empezó ayer la discusión de un recurso excepcional interpueso por la consejería jurídica de la Presidencia de la República contra una decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

Dicha determinación se refiere a la negativa del Estado Mayor Presidencial (EMP) de entregar a un particular los itinerarios y planes de vuelo de toda la flota aérea a disposición del Ejecutivo federal durante julio, agosto, septiembre y octubre de 2014, así como el número y nombres de tripulación y pasajeros.

El proyecto de dictamen, elaborado por Javier Laynez Potisek, propone declarar reservada la información relativa a las rutas de las aeronaves, así como la hora de salida y llegada de la flota del EMP, además de negar la entrega de los nombres de los pasajeros y de la tripulación, por considerar que dicha información es confidencial.

Inicialmente, el EMP se negó a entregar datos sobre planes de vuelo, origen, destino, hora de salida, hora de llegada, altura, velocidad, ruta, así como los nombres y firmas de la tripulación y todo aquello que pudiera dar indicio de éstos.

Luego de un recurso interpuesto por el solicitante, el Inai resolvió que es procedente entregar la cantidad de elementos del EMP que estuvieran en las listas y en los planes de vuelo, y que proporcionara la lista de pasajeros referentes a las giras presidenciales, así como lo relativo a lugares, horas de llegada y salida, así como la ruta de vuelos.

Por otra parte, validó la inexistencia de información –argumentada por el EMP– de las listas de pasajeros que no formaban parte de las giras presidenciales, así como la reserva referente a la altura y velocidad de las aeronaves contenida en los planes de vuelo.

La consejería jurídica de la Presidencia consideró que divulgar la información requerida pondría en riesgo la integridad del Ejecutivo federal y de los demás pasajeros, debido a “provocaría la definición de patrones específicos de vuelo; identificación de personas, horas y ubicaciones y conocimiento de datos estratégicos, amén de que se haría una apreciación errónea de la publicidad de la agenda presidencial y la indebida desclasificación de información.

El proyecto de dictamen plantea que la reserva de información esta justificada por dos razones: Se revelarían las estrategias del EMP y se impactaría la integridad física de quienes utilizan la flota presidencial.

Antes de entrar a discutir el fondo del asunto, los ministros dividieron opiniones:

José Ramón Cossío planteó que la Corte tenía que resolver sobre la resolución del Inai sin admitir pruebas adicionales; Laynez argumentó en favor de la admisión de pruebas.

La discusión continuará el próximo jueves.