La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un polémico punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos federal y estatales, así como a Pemex, a cancelar los contratos signados con la empresa brasileña Odebrecht, inmiscuida en actos de corrupción con funcionarios mexicanos, a quienes sobornó en distintos actos por un monto de mil millones y medio de dólares.

A los diputados les llevó tiempo un debate semántico que arrojara un concepto que no lastimara a las instituciones firmantes de contratos con Odebrecht. En la propuesta inicial, presentada por la coordinadora de la bancada de Morena, Rocío Nalhe, se pedía rescindir los contratos, pero la implicación de la palabra no convenció a panistas y priístas, quienes argumentaron que rescindir tendría repercusiones económicas desfavorables para los contratantes de la empresa.

Entonces surgió la propuesta de sustituir la palabra rescindir por cancelar. Así todos se dieron por satisfechos. Desde Rocío Nalhe, el perredista Agustín Basave y los priístas Yulma Rocha, Pedro Luis Noble, Claudia Anaya y Ricardo Ramírez Nieto aceptaron el contenido del punto de acuerdo, y la modificación del concepto.

Claudia Anaya argumentó: el PRI quiere que se sigan todas las investigaciones y no se abone al sospechosismo.

Así, los legisladores determinaron elaborar el punto de acuerdo: “la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades federales, a Petróleos Mexicanos y sus empresas subsidiarias y filiales, a los gobiernos y Congresos de las entidades federativas y a los gobiernos municipales a que, en el ámbito de sus atribuciones determinen la procedencia de la nulidad, rescisión o revocación de todas las concesiones, contratos, proyectos de prestación de servicios y asociaciones público-privadas otorgadas a la empresa brasileña Odebrecht SA, sus filiales o subsidiarias, y, en su caso, rescindan y se abstengan de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos.