asta el pasado martes, el promedio diario de ventas de carnes brasileñas al exterior rondaba 63 millones de dólares. Mayor exportador mundial de carnes, Brasil vio cómo en aquel día fueron cerrados contratos de venta por 74 mil dólares. Eso: de 63 millones a 74 mil.

Ha sido el primer resultado de una torpe e irresponsable difusión, con amplia e igualmente irresponsable repercusión en los grandes medios hegemónicos de comunicación, de un operativo realizado por la policía federal contra un esquema de corrupción de fiscales del Ministerio de Agricultura. En vez de denunciar fiscales corruptos, denunciaron la carne.

La imagen trasmitida días antes por el comisario de la policía federal Mauricio Grillo no podría ser más impactante. De acuerdo con el comisario, las carnes producidas en Brasil recibían productos cancerígenos para ocultar su estado casi putrefacto, y eran enviadas al mercado –tanto el interno como el externo– con plazo de caducidad expirado. Las salchichas puestas en las meriendas escolares contenían, entre otras cosas, trozos de papel cartón. Los chorizos eran pura masa de cabeza de cerdo.

Ha sido uno de los más claros actos de irresponsabilidad, abuso y arbitrio que permea las actividades tanto de la policía federal como del Ministerio Público y de sectores del ámbito judicial, que actúan a su libre albedrío.

Existen en Brasil 4 mil 837 frigoríficos, y solamente 21 estuvieron bajo investigación del comisario Grillo. De esos 21, 18 fueron procesados por alguna irregularidad y tres fueron intervenidos. De los 21 investigados, dos –solamente dos– fueron inspeccionados a lo largo de la indagatoria.

Todo –todo– lo demás vino de intercepciones telefónicas. Los solertes e incapaces agentes de la policía federal confundieron, por ejemplo, la vitamina C utilizada para conservar las carnes con un agente altamente cancerígeno. La legislación permite el uso de determinadas cantidades de carne de cabeza de cerdo en chorizos y otros embutidos. Y el cartón que apareció en una llamada telefónica intervenida se refería a cómo embalar las salchichas, no a su relleno.

Los frigoríficos investigados generaron 120 millones de dólares en exportaciones el año pasado. En total, Brasil exportó casi 12 mil millones.

¿Qué le pasará a las exportaciones futuras? Cálculos conservadores indican pérdidas de al menos mil 500 millones de dólares en 2017, y eso si el gobierno logra convencer a los compradores externos de que todo se debió a una torpeza innombrable de un idiota de la policía federal.

¿Qué le pasará al comisario Grillo? Nada. La policía federal es dirigida por un fulano a quien nadie respeta, que responde a un ministro de Justicia más gris aún, y que de paso ha sido, mientras ocupó un escaño en la Cámara de Diputados, el responsable de nombrar al corrupto jefe de fiscalización que comandaba a los fiscales corruptos e investigados.

El gobierno nacido del golpe institucional del año pasado trató de reaccionar con el talento de siempre: Michel Temer convocó a los embajadores de los 33 principales importadores de carnes brasileñas. Comparecieron 18, que fueron llevados a una parrilla elegante de Brasilia. Se olvidó de un detalle: la parrilla sólo sirve carne importada.

El mismo martes del desplome de las exportaciones de carnes brasileñas el ciudadano Eduardo Guimarães fue arrancado de su cama a las seis de la madrugada por una escuadra de la policía federal.

Los oficiales portaban un orden de conducción coercitiva; es decir, de llevarlo a la fuerza para declarar. Autor de la orden: el provinciano juez de primera instancia Sergio Moro, conductor de la Operación Lavado Rápido, autoerigido señor absoluto de sus propias decisiones.

Guimarães tiene, desde hace 12 años, un blog que ataca duramente los excesos, abusos y arbitrios de Moro. En febrero del año pasado difundió la noticia de que Lula da Silva y otras 42 personas cercanas a él tuvieron su sigilo fiscal roto por órdenes del juez Sergio Moro.

Bueno: Guimarães fue acusado de interferir en investigaciones, y el juez quería saber cuáles eran sus fuentes.

Dice la legislación penal brasileña que alguien sólo puede ser objeto de conducción coercitiva si se niega a atender una orden judicial. Guimarães no había sido emplazado a nada. Dice la ley que un periodista tiene derecho a preservar sus fuentes.

¿Ley? ¿Y desde cuándo al arbitrario Sergio Moro, quien en lugar de ser juez juzgador es clarísimamente un juez condenador, le interesa lo que dice la ley?

Ese fulanito es el juez que investiga al ex presidente Lula da Silva. El señorito que viaja a Washington con la frecuencia de una azafata, siempre con invariables escalas en la FBI.

Un juez cuya obsesión es liquidar a Lula da Silva: en una de las causas en que Lula es acusado, fueron oídos 74 testigos.

Y todos –todos– dijeron que él es inocente de lo que Moro acusa. El juicio continúa. Moro tiene al culpable. Trata de buscar el crimen cometido.

Este es mi país: un país gobernado por un presidente ilegítimo, rodeado por una pandilla indecente e inmoral, y dominado por los abusos sin escrúpulos ni límites de la Policía Federal, del Ministerio Público, de un juez arbitrario.

¿Dónde están las instancias superiores para cohibir tantos y semejantes abusos?

Bueno, todas, sin excepción, duermen el sueño bovino de los inocentes. O de los cómplices.