os precios de las gasolinas Magna y Premium, así como del diésel, iniciaron marzo con mínimos de 15.29, 17.07 y 16.36 pesos por litros. Habían cerrado diciembre con 13.98, 14.81 y 14.63 pesos por litro, respectivamente. Esto significa que estos mínimos acumulaban al primero de este mes incrementos respectivos de 18, 24 y 20.5 por ciento. ¡Numeralia ingrata! ¡Y qué decir de los máximos! El primer día de este mes fueron de 16.55, 18.37 y 17.63 pesos por litro. Por cierto, las zonas de menores precios son 13 municipios de Veracruz, indudablemente más cercanos a las refinerías del Golfo de México y de la zona de referencia internacional, identificada como mercado relevante. Me refiero a la costa norte del Golfo de México (Houston).
Por el contrario las zonas de mayores precios son más de un centenar de municipios de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Sonora y Sinaloa, más alejados de las refinerías y de la zona de referencia internacional. Por cierto, esto no es verdad para el caso de la gasolina Magna, donde los precios en el estado de México son mayores que en aquellos municipios donde, efectivamente, es superior el precio de la Premium y del diésel. ¡Habrá que explicarlo! No se entiende muy bien.
Lo cierto es que para bien o para mal –haga usted su reflexión– la idea de un precio nacional homologado en todo el país se dejó atrás. Como también se dejó atrás la idea de administrar el precio y fijar una especie de cobertura. Merced a un impuesto especial de producción y servicios (IEPS) positivo cuando –en lo fundamental– los precios de referencia estaban por debajo del precio administrado establecido por la Secretaría de Hacienda. Y, consecuentemente, negativos cuando –también en lo fundamental– ese referente internacional superaba al administrado. ¡Esto se acabó! ¡Al menos con este gobierno! ¿Qué hará el próximo? Debo decir que independientemente de las fortalezas y debilidades de estas formulaciones, nunca entendí por qué razón se pospuso casi 25 años la determinación de que los precios al público de gasolinas y diésel reflejaran los precios internacionales de gasolinas y diésel. Se hizo desde inicios de 1992 –con asegunes y todo– en el caso de los combustibles industriales. Combustóleo y gas natural por delante.
Justo con los llamados precios de venta de primera mano. Incluso –y por cierto– se diseñaron mecanismos de seguimiento del impacto de estos movimientos internacionales –y siempre y sin duda, del tipo de cambio– en los diversos cargos de las tarifas eléctricas comerciales, industriales y doméstica de alto consumo. De manera específica en las tarifas horarias en las que –desde poco antes del inicio de los años 90– se identificaron las diferencias horarias de costos de generación, transmisión, distribución y suministro de electricidad. ¡Ni hablar! Así fue. Como también fue evidente –asunto de amplio debate– determinar costos de refinación con base en su equivalente internacional. ¿Qué significa esto? En primerísimo lugar que las refinerías de México no recibirían más –como acaso sucedió en las décadas anteriores– el barril de crudo a un precio determinado por el costo individual de producción. Sí, en cambio, al precio al que Pemex lograría comercializar externamente su barril de crudo en el mercado relevante. De nuevo en este caso el de la costa norte del Golfo de México.
¿Se imagina usted que las refinerías mexicanas empezaran a tener que pagar
el crudo a ese referente internacional menos, desde luego, los ajustes de logística? Es decir –y sólo a manera de ejemplo– tener que entregar a Pemex Exploración y Producción no menos de 30 dólares por barril –por poner una de las cifras registradas en los pasados 25 años– cuando su producción interna no superaba los cinco o los ocho dólares, por ejemplo? Incluso hoy, tener que entregar no menos de 45 dólares por barril cuando –pese a todo– el costo interno de producción es menor?
Claro que usted me podrá decir que esto se explica –entre otras cosas e independientemente de la racional que lo guía– en la secular sangría gubernamenta de los excedentes petroleros. Sí, de los famosos derechos de extracción de hidrocarburos, derivados de la mayor fertilidad y la mejor ubicación (respecto de Estados Unidos, por ejemplo) de nuestros yacimientos petroleros. Entre otras cosas, esto permitió la bajísima participación de los ingresos tributarios en el producto. ¡Siempre menos de 10 por ciento! No profundizaré más en esto. Sólo indico estos dos puntos de debate vinculados al nuevo esquema de apertura en gasolinas. El papel normalizado
que se había dado al IEPS. Y el reconocimiento implícito de la venta interna del crudo mexicano a las refinerías mexicanas a precios internacionales equivalentes.
Analistas de todo mi respeto consideran que es mejor que parte de ese excedente –mientras lo tengamos todavía– debiera traducirse en precios menores de gasolinas y diésel. Y eso porque el manejo histórico gubernamental de los excedente petroleros no resiste todas las pruebas de racionalidad y honestidad. Hay ejemplos múltiples para probarlo. Pero también porque el discurso gubernamental sobre el nuevo esquema de precios tiene terribles fallas. Menciono dos. Una primera es hablar de precios justos. ¿Qué es eso? Por favor. ¡Que venga Tomás de Aquino! Y una segunda no mencionar –ni por asomo– la relevancia de una tributación severa –sí, severa– frente a la tremenda realidad del cambio climático.
Pero claro, mientras lo que haya y se promueva sean automóviles y camiones, y autopistas y carreteras, ninguna política seria en este sentido se sostiene. Termino diciendo que los precios internacionales tuvieron una leve alza hasta el 6 de marzo. Luego han bajado un poco. Pero el tipo de cambio ha bajado. Poco pero sí. Por eso tenemos menos presión a los cambios diarios. Pero el resto del año vendrán precios externos crecientes. Y un tipo de cambio que no bajará mucho. Por eso… pues por eso, las gasolinas subirán. Sin duda.
