En Zacatecas y el resto del país se incrementó la participación de mujeres en actividades relacionadas con el crimen organizado, no por libre determinación; son las circunstancias por las que se ven obligadas a ser parte de actos delictivos, afirmó María de la Luz Domínguez Campos, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas.

Lamentó que la procuraduría de justicia y el gobierno de Zacatecas estigmaticen y recriminalicen a las que han sido asesinadas y a sus familiares sin haber realizado investigaciones judiciales. Además, destacó, son las más afectadas porque son ellas las que pierden la vida en hechos violentos.

Sostuvo que, a pesar de que el gobierno federal aún no ha emitido una alerta de género por los 29 presuntos feminicidios documentados en los pasados seis meses en la entidad, el problema ya es grave y no debe quedar sólo en la emisión de esta declaratoria.

Debe haber una auténtica política en favor de las mujeres, que no quede en el discurso, que la población femenina tenga las condiciones de acceso al ejercicio de sus derechos y a la justicia, no sólo se trata de una alerta que incluya a tres municipios (Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas), aseguró.

Fustigó que las autoridades filtren a los medios datos personales sobre la situación sentimental o laboral de las asesinadas, o que se presuma su relación con grupos criminales, pues en muchos casos no pueden demostrar que participaban con alguna organización del crimen organizado.

Hemos sido muy enfáticos en que no debe criminalizarse de ninguna manera a las víctimas, al decir que tenían alguna participación en hechos delincuenciales, cuando aún no se concluye una investigación judicial. Estas mujeres gozan de la presunción de inocencia, reiteró.

Menores de edad, mayoría

En Chilpancingo, Guerrero, el subprocurador de Investigación de la Fiscalía General del Estado, José Antonio Bonilla Uribe, aseguró que en esta entidad a diario mujeres se suman a los grupos de la delincuencia organizada y la mayoría son menores de edad.

Expresó que se implementaron diversos protocolos en materia de procuración de justicia con perspectiva de género con la policía ministerial, además de que se reforzó la atención y la capacitación en la fiscalía de los delitos sexuales y se instaló un Ministerio Público especializado en feminicidios en cada región.