Río de Janeiro.

El gigante brasileño de la construcción Odebrecht negó este domingo haber entregado dinero durante 20 años a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para garantizar la seguridad de sus obras en territorio colombiano, como afirmó el sábado el semanario Veja.

“Odebrecht desmiente y confirma que la afirmación del reportaje de Veja según el cual la empresa habría realizado pagos a un grupo guerrillero colombiano es una especulación”, indica la firma en un comunicado transmitido a la agencia Afp.

Según la publicación brasileña, dos ejecutivos de la compañía admitieron ante el fiscal general de la república que esos pagos, de entre 50 mil y 100 mil dólares al mes, se realizaban a cambio de permisos para la realización de obras en las zonas controladas por los rebeldes.

Denominado impuesto guerrillero por las FARC, esos pagos eran registrados como costo operativo o tributo territorial en los balances de la empresa.

Ese acuerdo permitió a Odebrecht construir la Ruta del Sol, autopista de más de 500 kilómetros que une el centro de Colombia con la costa del Caribe, entre otros trabajos.

Odebrecht es una de las principales empresas objeto de las investigaciones de la operación Lavado Rápido, que ha revelado un sistema de corrupción montado por los grupos brasileños de ingeniería civil para obtener, a cambio de sobornos, contratos de la compañía petrolera estatal Petrobras. Decenas de responsables de empresas y líderes políticos de todos los partidos están tras las rejas.

El sistema fue reproducido por Odebrecht en decenas de países de América Latina, incluida Colombia.

Por lo pronto, varios congresistas colombianos pidieron a las autoridades investigar los supuestos pagos en concepto de impuestos de Odebrecht a las FARC.

La legisladora Angélica Lozano consideró que de resultar cierta la información la justicia ordinaria y la que se creará para juzgar a los guerrilleros que se desmovilicen deben castigar esa financiación al margen de la ley.

Independientemente de que sean las FARC, hay un delito que debe ser investigado por la justicia, dijo el congresista Hernán Penagos a la emisora Caracol Radio.

Las FARC firmaron en noviembre un acuerdo de paz con el gobierno para poner fin a un conflicto que dejó al menos 260 mil muertos, más de 60 mil desaparecidos y cerca de 7 millones de desplazados.

La Defensoría del Pueblo informó que un total de 304 personas del departamento de Chocó, noroeste de Colombia, fueron desplazadas por combates entre el Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas, banda criminal de origen paramilitar.