Hermosillo, Son.

El 53 por ciento de las mujeres indígenas de las etnias yaqui y mayo han sufrido violencia verbal, sicológica, emocional, institucional, patrimonial, sexual o física, que en algunos casos las ha llevado a la muerte.

Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Sonora, los asesinatos de género se cometen más en los municipios sureños de Cajeme, Navojoa y Etchojoa, así como en comunidades de sus alrededores.

En 2016 se documentaron en el estado 45 feminicidios y 33 por ciento de ellos en las regiones citadas. Sonora, que por vez primera es gobernado por una mujer, la priísta Claudia Pavlovich Arellano, ocupa el quinto lugar del país en feminicidios.

María Gertrudis Zazueta Ortega, directora de la Casa de la Mujer Indígena La Paloma, ubicada en Navojoa, informó que a diario atienden a víctimas procedentes de círculos arraigados en el machismo, la pobreza y la falta de educación.

Las cifras aumentan y, aunque la sociedad está consternada por la violencia, las autoridades se niegan a emitir la alerta de género, sobre todo por razones políticas. Por si fuera poco, han desatendido 12 recomendaciones emitidas desde octubre de 2015 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Zazueta Ortega afirmó que ante el problema creciente, la organización que dirige trabaja con la Comisión Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas, sobre todo en la fase de fortalecimiento, por la cual se atiende la violencia de género entre indígenas, con énfasis en la difusión de sus derechos y educación sexual y reproductiva.

Apremia alerta de género

En entrevista, Zazueta Ortega consideró urgente que el gobierno estatal solicite a la Federación la declaratoria de alerta de género en Sonora, para reconocer el problema y comenzar a erradicarlo con programas funcionales y los recursos necesarios.

Ante la oleada de feminicidios en el sur de Sonora, la gobernadora Pavlovich Arellano anunció en noviembre pasado el programa Transporte Naranja, con el cual trasladaría en forma gratuita a las mujeres hacia su trabajo o escuela para evitar acoso y delitos sexuales. Pero no se ha implementado.

La directora de la Casa de la Mujer Indígena dijo que el principal problema que enfrentan las mujeres violentadas es, además del machismo, la visión de las autoridades que califican de algo menor este delito. Lamentó que en ocasiones las propias autoridades presionen a las víctimas para que ante el Ministerio Público acepten la justicia alternativa en la solución de los abusos, como parte del nuevo sistema penal. Sostuvo que las instituciones revictimizan a las afectadas, pues las hacen sentir culpables de ser violentadas en sus hogares.

La directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña, declaró que un 30 por ciento del ausentismo laboral de mujeres en Sonora ocurre por violencia intrafamiliar o acoso laboral.