La titular de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR), Eréndira Cruzvillegas Fuentes, advirtió que si no hay presupuesto tampoco hay mecanismos exitosos para poder realizar el trabajo de búsqueda y de investigaciones sobre personas desaparecidas o ausentes.

Al participar en la inauguración del seminario internacional Análisis de contexto en las investigaciones de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, la funcionaria federal señaló que como está de avanzada la iniciativa de ley de desaparición forzada en el Senado, ésta obligaría a reformar otras 69 leyes secundarias vinculadas con el tema, incluyendo el asunto presupuestal.

Creada en 2013, primero como unidad, y en 2015 como fiscalía especializada, esta instancia de la PGR sólo cuenta con 29 agentes del Ministerio Público y 58 policías ministeriales para atender más de mil 144 casos.

Desde su creación, el presupuesto ha sido un grave problema por ser notoriamente insuficiente para su funcionamiento. En 2014 la dependencia recibió 40.2 millones de pesos y en 2015 el monto programado fue de 14.6 millones, mientras que en 2016 fue de 28.1 millones de pesos.

Para este año, tiene un presupuesto de 26.2 millones, cifra menor a la del año pasado, a pesar de que en la gestión del presidente Enrique Peña Nieto las desapariciones forzadas o por particulares ha marcado el sexenio. Cifras oficiales señalan que al menos 15 mil 600 personas han desaparecido durante esta administración, unos 2 mil casos menos que durante todo el sexenio de Felipe Calderón.

En la inauguración del seminario, Cruzvillegas Fuentes anunció que ya opera en la PGR una Unidad de análisis de contexto en las investigaciones, pero que sirve a todas las fiscalías de la dependencia, como en los casos de violencia contra las mujeres y trata de personas, así como de agresiones contra periodistas y en el caso Ayotzinapa, entre otros.

Juan Carlos Gutiérrez, director de I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, una de las organizaciones convocantes del seminario, explicó que el análisis de contexto en la investigación penal permite hacer frente a la multiplicidad de delitos cometidos, conectar hechos que aisladamente no tendrían significado y fortalecer las líneas de investigación, además de clarificar las conexiones entre perpetradores y autoridades, tendencias y patrones criminales. Todo ello se utiliza para generar políticas públicas.