n medio del dolor de cientos de familias que buscan sin encontrar a más de 3 mil veracruzanos desaparecidos en la vorágine de una delincuencia desatada e hiperviolenta que utiliza el terror como método y práctica común, ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aceptó la gravedad del problema y reconoció que el secuestro y la extorsión son una plaga que aqueja al estado y lo ha convertido en sitio de atención nacional.

El hidalguense vino a anunciar un despliegue y apoyo económico del gobierno federal, así como de la llegada de la Gendarmería y elementos de la Policía Militar a la región centro del estado que pareció salirse de control.

Y es que en las últimas semanas, la actividad delincuencial exacerbó una encarnizada batalla que, a decir de las autoridades estatales, responde a luchas internas por el control de las plazas; sin embargo, en el camino deja tras de sí una huella de muerte, pero también de afectación a la sociedad que inerme observa cómo en el tránsito de la percepción a la realidad las cifras resultan preocupantes.

Aunque la inseguridad es un hecho objetivo y la cotidianidad así lo revela, los números del Sistema Nacional de Seguridad Pública hablan por sí mismos y los delitos de toda índole acumulan un conflicto al cual no se le ve pronta solución.

La inseguridad no es una metáfora, es un pasivo estructural que en el gobierno anterior trató de ocultar, maquillando la circunstancia veracruzana con cifras que no resultaran escandalosas, a fin de permitir a la banda de Javier Duarte seguir robando, suponiendo que con esto no despertarían una indeseable atención de la Federación.

Por ello ahora, sin filtros, los datos que consigna dicha instancia revelan que el número de secuestros aumentó de forma dramática durante el primer mes del presente año: 15 casos y 102 homicidios dolosos. Se cometieron más de 4 mil 500 delitos, cerca de 2 mil robos y 35 asaltos carreteros.

Pero lo que precipitó la entrada de las fuerzas federales fue la privación de la libertad que, en comparación con el mismo periodo del año anterior, se elevó en los tres primeros meses del gobierno de Yunes Linares. En el duartismo fueron secuestrados un promedio de 10 personas por mes; actualmente los raptados llegaron a 16.