El Frontón México pretende reabrir sus puertas el próximo 11 de marzo tras 20 años de permanecer cerrado, pese a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) ha declarado legalmente vigente la huelga iniciada en 1996, denunció Manuel Diego Sanciprián Ávila, abogado de 64 trabajadores que aún reclaman el cumplimiento de su contrato colectivo.

Construido en 1929, el edificio propiedad del empresario Antonio Cossio Ariño y ubicado en la zona nororiente de la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, ha sido sometido a trabajos de remodelación con el apoyo de las autoridades federales y locales que otorgaron los permisos para las obras, así como para la reapertura del inmueble, en el que se prevé funcionará un casino y un hotel, además de la práctica de pelota vasca, entre otros servicios.

Agregó que la corrupción, impunidad y componendas entre funcionarios, empresarios y líderes sindicales han impedido que en dos décadas se resuelva el conflicto laboral que llevó a la huelga más larga que se ha tenido en el país.

Ejemplo de lo anterior es que la titularidad del contrato colectivo la ganó la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, cuyo secretario general, Isaías González Cuevas, afirmó Sanciprián Ávila, sin autorización envió una carta a la JFCA en la que señala que prescribieron los derechos de los trabajadores y se desistía de la huelga.

Pese a esto, la defensa de los empleados ha mantenido viva la demanda de sus clientes, y consiguió el cierre de instrucción del expediente, por lo que la autoridad laboral deberá emitir un laudo en torno al conflicto.

La huelga en el Frontón México se inició el 2 de octubre de 1996 por incumplimiento del contrato colectivo de trabajo por la empresa operadora de espectáculos Real de México, la cual, junto con la inmobiliaria Cosgo, como tercera interesada, promovió un recurso de inexistencia de la huelga, el cual le fue negado por la autoridad laboral, que el 27 de septiembre del año siguiente la declaró legalmente existente.

Los 60 trabajadores, en algunos casos sus familiares, exigen el pago de diversas prestaciones como utilidades, el pago de cuotas sindicales y horas extras, por lo que piden alrededor de 400 millones de pesos, sin contar intereses.

La defensa de los trabajadores, por conducto del abogado Tonatiuh Moedano, interpondrá un amparo con el propósito de evitar la reapertura del inmueble, en el que buscará que un juez revoque las licencias de apertura, permisos y concesiones que dependencias como la Secretaría de Gobernación (SG) y la delegación Cuauhtémoc, entre otras, han otorgado a sabiendas de que hay una huelga vigente.

Prueba de lo anterior, agregaron, son los oficios que en agosto de 2016 envió la JFCA a diversas dependencias, como la Dirección de Juegos y Sorteos de la SG, en los que ratifica que la huelga se encuentra firme y que el sindicato no ha solicitado la imputabilidad de la huelga en los términos que marca la ley.