Durante la revisión de la cuenta pública 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por un total de 4 mil 843.1 millones de pesos en los recursos federales entregados a los estados para fortalecer los servicios de salud. De esta cifra, mil 114.1 millones correspondieron a recursos no ejercidos por los gobiernos estatales en varios programas.

Aun cuando en la revisión del ejercicio 2015 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud la ASF encontró prácticamente en todas las entidades inconsistencias en la forma de ejercer los recursos –con excepción de Morelos y Yucatán–, el caso de Guerrero, durante la gestión del interino Rogelio Ortega Martínez (quien llegó en medio de la crisis de Ayotzinapa), destaca por el volumen de recursos involucrados en operaciones con presunto daño patrimonial al erario por mil 241 millones de pesos, casi 25 por ciento del total nacional.

En la revisión del gasto del gobierno de Guerrero, la ASF reporta 603 millones de pesos que pagó a presuntos aviadores, pues no se les encontró nunca en sus lugares de trabajo. Además, se detectaron 620.6 millones de pesos de salarios por los cuales el Ejecutivo estatal no enteró el impuesto sobre la renta al Servicio de Administración Tributaria.

Los malos manejos en Guerrero incluyeron 66.6 millones de pesos de subejercicio en una de las entidades de mayor pobreza y 23.7 millones por pagos irregulares que no correspondían a los objetivos del fondo.

En una complicada transición ante la fuerte presencia del narcotráfico y la ingobernabilidad, en Michoacán se encontraron irregularidades por 941 millones de pesos: transferencia de recursos del fondo a otras cuentas por 243 millones de pesos; 32.6 millones no ejercidos y 664 millones por pagos irregulares a personal que no acreditaba tener la formación académica para el sector salud.

El estado de México también incurrió en prácticas que la ASF reportó como ajenas al fondo, entre las que destacó inconsistencias en las cuentas bancarias donde se depositaron los recursos y, por ende, tampoco acreditó que el dinero fuera utilizado para programas de salud, por un monto superior a 500 millones de pesos.

Si bien una observación recurrente a todos los estados es el pago irregular a personal que no acredita sus capacidades académicas, existieron entidades, como Tabasco, donde se reportó un gasto de 109 millones de pesos en medicinas, productos farmaceúticos, materiales médicos, subcontratación de servicios y equipo médico sin documentación que lo acredite. Tabasco tuvo presuntos desvíos por 242.2 millones de pesos.

Otra entidad con numerosas observaciones fue Chiapas, donde la ASF reportó 545.6 millones de pesos por presunto daño patrimonial, entre los cuales 170.7 millones de pesos corresponden al subejercicio de recursos que le entregó la Federación. Además de señalar que destinó 120.3 millones de pesos a pagos de personal sin el perfil, la ASF refiere que otros 184.5 millones fueron desviados a pagar diversos bonos ajenos al objetivo del fondo.