Dos años cinco meses después de los crímenes contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, familiares de las víctimas de esos hechos salieron a las calles para manifestar una vez más su clamor por justicia. ‘‘Aunque parezcamos disco rayado’’, aseguraron que no descansarán hasta alcanzarla.

Han sido 29 largos meses para las madres y padres de los normalistas. Casi 900 días de angustia, temor, incertidumbre, dolor e impunidad. Más de dos años desde aquella noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando en Iguala, Guerrero, policías atacaron a los estudiantes y otros civiles. Hechos que dejaron seis personas asesinadas, varios lesionados y 43 normalistas desaparecidos.

Ayer, familiares, estudiantes de Ayotzinapa, ciudadanos, activistas e integrantes de organizaciones sociales, marcharon del llamado Antimonumento +43 al Hemiciclo a Juárez, como parte de la 29 Acción Global por Ayotzinapa. En la movilización participaron unas 300 personas, de acuerdo con datos de monitores del gobierno de la ciudad.

En esta ocasión se dio la palabra sólo a las madres de los jóvenes. Cuatro mujeres tomaron la voz y desde su corazón relataron cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto ‘‘sólo nos ha dicho mentiras. Han sido 29 meses de mentiras’’.

Hilda Hernández, madre de César González Hernández, uno de los jóvenes desaparecidos, detalló que durante todo este tiempo ‘‘no ha habido cambio, ningún avance, nos salieron (los de la PGR) con la misma relatoría. ¿Qué se piensan? Siguen las mentiras y eso nos deja muy molestos. Ya estamos cansados, pero no por el agotamiento físico, sino por las mentiras de este gobierno’’.

Joaquina García, madre de Martín Getsemany Sánchez García, sintetizó el sentir de las familias: ‘‘Han sido 29 meses de angustia y desesperación por no saber dónde están nuestros hijos; meses de mentiras y no solución’’. Por ello lanzó una interrogante: ‘‘¿Cuántos procuradores más van a venir para que nos den solución, nos digan qué pasó y nos entreguen a nuestros hijos?’’

Exigieron que se atiendan las recomendaciones de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el gobierno deje atrás la ‘‘mentira histórica’’ de que normalistas fueron incinerados en un basurero.

Al final del mitin, un representante de la Quinta Convención Nacional Popular leyó los resolutivos de ésta, donde denunciaron la pretensión del gobierno de ‘‘profundizar la militarización’’ con la ley de seguridad interior.