Integrantes de la Red Social para la Educación Pública en las Américas (Red-SEPA) y representantes de organizaciones en defensa de la educación pública en México entregaron ayer a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un manifiesto contra la aplicación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (Pisa, por sus siglas en inglés) y la puesta en práctica de un modelo de examinación estandarizada.

Al destacar los efectos nocivos que ha generado su utilización, entre ellos el empobrecimiento curricular con la eliminación de asignaturas como artes, música, filosofía e historía, así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje, demandaron a la dependencia federal la anulación de los contratos suscritos con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la suspensión de todas las pruebas estandarizadas de altas consecuencias a escala nacional.

El documento, suscrito por 59 organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública; la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina; la Federación de Profesores de Columbia Británica, de Canadá, y la Unión de Profesores de Chicago, forma parte de una campaña internacional contra las evaluaciones estandarizadas, por lo que también se entregó de forma simultánea en Costa Rica y Brasil.

María de la Luz Arriaga, representante en México de la Coalición Trinacional, indicó que también se pronunciaron en favor de los jóvenes mexicanos que cursaron sus estudios en Estados Unidos –conocidos como dreamers–, que hoy enfrentan el riesgo de la deportación con la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump.

Creemos que en todo el continente se vive una oleada de políticas educativas y sociales neoliberales muy agresivas, que tienen como transfondo acabar con cualquier posibilidad de construcción de un pensamiento crítico, afirmó.

El manifiesto, que destaca las diversas anomalías que genera en los sistemas educativos la aplicación de pruebas estandarizadas como Pisa, subraya que los ministerios de educación tienen un limitado control sobre este tipo de evaluaciones, teniendo como efecto una intensificación de la estandarización de procesos y mediciones.

Este esquema, advierten las organizaciones, incluye la adopción de pruebas nacionales con un parámetro global que genera mediciones impuestas por instituciones como la OCDE, que impone transformaciones en las políticas públicas educativas, alineando los procesos educativos a una concepción limitada de progreso.

Señalan que estos modelos estandarizados de evaluación de alumnos, docentes y escuelas propiciaron la entrada de empresas privadas a los sistemas de enseñanza, desplazando a los ministerios de educación, sindicatos, profesores y escuelas de la conducción de sus proyectos educativos.

Al proponer que la formación y evaluación de los maestros también estén alineados con dichos instrumentos de estandarización, los procesos de enseñanza-aprendizaje son reducidos a un mecanismo de capacitación para aprobar pruebas que no reconocen nuestras diferencias culturales, socioeconómicas ni lingüísticas. Empobrece la educación, concluyó Arriaga.