El gobierno de Oaxaca, entonces a cargo de Gabino Cué Monteagudo, solicitó y coordinó el operativo del 19 de junio en Nochixtlán, donde murieron siete personas por disparos de arma de fuego, y envió policías estatales y de la Gendarmería armados, aun cuando un notario público –que colaboró en Gobernación con Diódoro Carrasco– dijo que sólo portaban equipo antimotines, confirmó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, presentó ayer un informe a la comisión de la Cámara de Diputados que revisa el caso. Señaló que algunos policías estatales y federales portaron armas. Es parte de la hipótesis determinar quién disparó primero, dijo.

Durante la reunión con los diputados, el ombudsman explicó que la investigación de la CNDH busca determinar cómo y por qué sucedieron los hechos violentos en Nochixtlán, así como determinar a los responsables para que sean investigados y, en su caso, sancionados.

Es incuestionable que los hechos no pueden quedar impunes y la sociedad debe saber la verdad de lo acontecido en esa fecha. Se requiere dilucidar por qué no se cumplieron los protocolos de actuación por parte de las corporaciones policiacas, así como determinar lo relativo al uso de la fuerza, indicó.

González Pérez explicó a los legisladores que días antes del operativo el gobierno local, dentro del Grupo de Coordinación Oaxaca en materia de Seguridad, conformado por dependencias federales y estatales, instaló su centro de operaciones en un hotel de la capital del estado, donde también se concentró el centro de mando de la Policía Federal (PF), para dar seguimiento a la intervención policiaca.

Dijo que antes del operativo, a las 4:30 horas, el notario público 65 de Oaxaca sólo hizo un recorrido visual, sin verificar a detalle a los policías estatales, y consignó que “sólo portan un kit antimotines y no armas de fuego ni punzocortantes, sólo lanzadores simples de agentes químicos”.

El informe de la CNDH no incluye el nombre del notario, pero se trata de Blas Fortino Figueroa Montes, quien formó parte del equipo jurídico de Carrasco Altamirano en Gobernación, y fue inhabilitado cinco años –junto con Jorge Castillo y el ex secretario de Finanzas de Gabino Cué, Gerardo Cajiga Estrada– por la compra irregular de helicópteros para la PF.

Figueroa Montes, quien también fue procurador estatal en el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz y recibió el fiat como notario de Carrasco Altamirano, ex secretario de Gobierno con Rafael Moreno Valle, también dijo haber inspeccionado los vehículos en que se trasladarían los policías y certificó que en su interior no existían armas de fuego ni punzocortantes.

Sin embargo, explicó González Pérez, se ha documentado que hubo elementos de las corporaciones estatales que acudieron armados al inicio del operativo.

El ombdusman refirió que cerca de las 8:50 horas se reportaron al centro de mando de la PF los primeros disparos y se solicitó apoyo.

Pasadas las 9 horas, al recibir una segunda llamada para pedir apoyo, el Grupo de Coordinación Interinstitucional en Oaxaca decidió que personal de la División de Gendarmería de la Policía Federal acudiera en apoyo y rescate de los elementos que se encontraban en Nochixtlán y que algunos elementos fueran armados, dijo a los diputados.

Resaltó que el operativo en Nochixtlán es un asunto complejo y lamentó que la integración del expediente enfrentó dificultades por causas como la indebida preservación del lugar de los hechos, lo cual motivó que diversas evidencias no fueran resguardadas y hayan sido movidas del lugar donde originalmente se encontraron.

También hubo contradicción entre los testimonios y la respuesta no siempre oportuna o incompleta de las autoridades a solicitudes de información, que obligó a la CNDH a presentar nuevos requerimientos.