La disculpa pública ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR) ‘‘es una gran victoria porque cierra 11 años de injusticia’’, afirmó Teresa González Cornelio, una de las tres indígenas hñähñú que fueron injustamente detenidas, procesadas, sentenciadas y que pasaron indebidamente tres años en prisión al ser acusadas de haber privado de la libertad a seis agentes federales.

A su vez, Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, otra de las detenidas, expresó: ‘‘No basta la reparación de daño para superar el dolor, la tristeza, la preocupación y las lágrimas ocasionadas; ¿quién va a devolver la vida de mi hermano José Luis, quien no pudo estar tres años sin su mamá?’’

‘‘No basta la reparación del daño’’

En la sala Jaime Torres Bodet, del Museo de Antropología e Historia, ante integrantes de organizaciones civiles, autoridades federales y el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, Hernández expresó que las mujeres indígenas y víctimas de alguna injusticia no deben quedarse calladas: ‘‘Luchen por que se les devuelva su dignidad’’.

Pidió al procurador que ‘‘ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes. La disculpa es por funcionarios mediocres, corruptos, que plantaron el delito de secuestro y dijeron que Jacinta era delincuente; la evidenciaron en medios locales de Querétaro, la demandaron por un delito federal y la investigaron los mismos policías que la encarcelaron con mentiras, sin decirle que tenía derecho a un abogado de oficio y a un traductor’’.

Estela Hernández, de profesión maestra, consideró vergonzoso y lamentable que la PGR no reconociera por su propia voluntad el error cometido, y que para ello hubiera tardado tres años después de que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia.

La joven profesora avaló la lucha de los mentores que defienden los derechos humanos: ‘‘A los maestros perseguidos, encarcelados, aterrorizados y que luchan en favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado asumimos el dolor, vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra; quiero repetir lo que dijo la maestra Rosa María, compañera cesada en Querétaro por la represión del primero de mayo con (el gobernador Francisco) Pancho Domínguez: hoy nos chingamos al Estado’’.

En tanto, Alberta Alcántara Juan, otra de las indígenas detenidas por supuestamente secuestrar a los agentes federales en hechos ocurridos en 2006, en el pueblo de Santiago Mexquititlán, Querétaro, señaló haber pasado humillaciones ‘‘por ser pobre e indígena’’.

Aseguró que durante 11 años tocaron muchas puertas y que en los primeros dos años de encarcelamiento nadie les hizo caso ni tomó en cuenta que las acusaciones en su contra se habían fabricado. Reconocieron la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que las apoyó hasta que obtuvieron su libertad. Aunque luego de salir de prisión su vida tampoco ha sido fácil.

En su discurso, la indígena le dijo al procurador general de la República: ‘‘Vea que sus colaboradores trabajen bien y que no acusen a nadie injustamente, porque la disculpa pública no me devuelve el tiempo perdido’’.

Por su parte, Jacinta Francisco Marcial, la tercera indígena encarcelada injustamente, indicó que los tres años que vivió en prisión nunca le serán devueltos. Demandó que la PGR revise los expedientes de los indígenas presos y que no esperen hasta que alguno de sus familiares fallezca, porque, sostuvo, sólo estará contenta ‘‘cuando se acabe la injusticia y se respete a los indígenas’’.

En nombre del gobierno federal y de la propia PGR, Cervantes Andrade dijo durante la ceremonia que las indígenas ‘‘Alberta, Jacinta y Teresa, al exigir lo que por justicia y por derecho les corresponde, dieron un mensaje de verdadera democracia a nuestro país y movilizaron al Estado hacia su verdadera función: cumplir con lo que mandata la Constitución.

‘‘Sus casos rebasaron la esfera personal por tratarse de bienes que, como Estado democrático constitucional, nos interesa preservar, como es el debido proceso. Tal como señaló el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Procuraduría General de la República contravino en el pasado el principio de presunción de inocencia en agravio suyo, interfiriendo injustificadamente en su proyecto de vida.

‘‘Dicho órgano jurisdiccional determinó que ustedes tuvieron la razón. Que la procuraduría hizo mal su trabajo, lo que les ocasionó daño moral. Por tanto, resulta un deber ineludible en términos constitucionales y de las sentencias emitidas con motivo de la negativa de indemnización solicitada, cuyo cumplimiento nos reúne en este momento, reparar el daño moral causado en relación con la difusión que en su momento se diera a través de los medios informativos, del señalamiento de responsabilidad de los delitos que les fueron indebidamente imputados por la autoridad’’.

El procurador reconoció que ‘‘la PGR incurrió en una actividad indebida y generó con ello una afectación a su honor, a su propia imagen y a la percepción generada en su comunidad respecto de ustedes’’.

Por ello, agregó, ‘‘sirva este acto para ofrecerles públicamente una disculpa en español y en hñähñú, como medio de reparación del daño, en cumplimiento de las sentencias dictadas el 20 de noviembre de 2013 por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. A ustedes: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, les reconozco públicamente su inocencia respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma incorrecta fueron privadas de su libertad’’.