e acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presentada ayer por el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, a la comisión especial que da seguimiento a los sucesos del 19 de junio del año pasado en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el entonces gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, ordenó el operativo policial en el que murieron ocho habitantes de esa población. El ombudsman lamentó las fallas cometidas posteriormente por las autoridades –federales y estatales– encargadas de investigar el caso, pues entorpecieron en forma significativa el esclarecimiento de lo ocurrido aquella mañana en la localidad mixteca.
El señalamiento de la CNDH confirma la responsabilidad de Cué en la toma de decisiones, algo que ya había dicho la noche de ese día el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, al brindar una explicación poco convincente y contradictoria, con posicionamientos emitidos horas antes por la dependencia que él encabezaba.
Hasta la fecha, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha avanzado en la debida investigación para deslindar responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los homicidios cometidos el 19 de junio. Tal empantanamiento es consecuencia de los desvíos en la actuación preliminar de esa misma institución, la cual, en las horas y días posteriores a esa fecha, asumió conductas intimidantes y agresivas hacia la población de Nochixtlán, y la desconfianza resultante la ha incapacitado hasta la fecha para completar las diligencias en el sitio. Por lo demás, hasta donde se ha hecho público, ninguno de los jefes de las tres corporaciones policiales que participaron en el fallido y mortífero intento de desalojo de la carretera –la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la policía estatal oaxaqueña– ha sido llamado a declarar, como no lo han sido el propio Cué y sus colaboradores, y hasta el momento los homicidios y los atropellos perpetrados por las fuerzas del orden el 19 de junio permanecen en la más completa impunidad.
En una escala menor, pero no menos exasperante, se sitúa el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, las tres comerciantes ñañús que en 2006 –en el sexenio de Vicente Fox– fueron acusadas de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), encarceladas, enjuiciadas e injustamente condenadas en procesos del todo irregulares y violatorios de los derechos humanos. Ayer, en un acto realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la PGR ofreció, a regañadientes y 10 meses después de haber recibido la orden judicial correspondiente, una disculpa pública a las tres mujeres.
Aunque para las afectadas y sus familias esa disculpa constituye una mínima reivindicación, hasta la fecha los policías falsamente secuestrados, los agentes del Ministerio Público que las inculparon y los jueces que las condenaron siguen sin ser tocados por la mano de la justicia.
Los dos casos mencionados son un botón de muestra de la extensión y densidad de la red de impunidades presente en diversas dependencias públicas, y un recordatorio de la imperiosa necesidad de hacer acopio de voluntad política para enfrentar y erradicar esa lacra.
