La Comisión de Asuntos Indígenas del Senado aprobó un dictamen por medio del cual solicitará a la Secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y a los gobiernos estatales que realicen un diagnóstico sobre poblaciones originarias afectadas por desplazamiento forzado de personas por la violencia y conflictos armados.

En el acuerdo aprobado por los senadores integrantes de esa comisión se resalta que en el país existe una problemática respecto del desplazamiento relacionado con las prácticas religiosas, por invasiones de tierra o por violencia ligada al crimen organizado, al narcotráfico, que obligan a familias y comunidades a abandonar sus hogares.

Llama la atención, subrayan los senadores, el desplazamiento masivo por la pugna del territorio, que se manifiesta a través de un ataque dirigido hacia los residentes de una comunidad. Tan sólo de 2008 a 2014 ocurrieron en el país 121 episodios de desplazamiento en 10 estados, entre ellos Guerrero, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca.

En 2006 la CDI presentó el Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, que buscaba sumar esfuerzos para contribuir al retorno a sus localidades de la población que fue obligada a salir de sus comunidades.