Las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los casos Apatzingán, Tanhuato y Tlatlaya, donde se acreditaron ‘‘ejecuciones extrajudiciales’’ en contra de civiles, ‘‘generaron tensión’’ con el gobierno federal, reconoce el ombudsman Luis Raúl González Pérez, quien sostiene que la práctica de la tortura y las desapariciones siguen siendo ‘‘grandes desafíos’’ que tiene el país.

En entrevista, advierte que el Estado mexicano ‘‘no puede abdicar’’ de su responsabilidad constitucional de que la seguridad pública esté en manos de civiles y no de militares. ‘‘Tampoco puedo desconocer, sería insensato, pedir que los militares regresen mañana a sus cuarteles, pero su presencia debe ser transitoria, con retorno gradual y verificable a sus instalaciones’’.

Presidente de la CNDH desde noviembre de 2014, González Pérez se ha desempeñado como abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), subprocurador especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para la investigación del homicidio de Luis Donaldo Colosio, y fue miembro fundador de la comisión nacional. En 1995, como visitador general, dirigió la investigación del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero.

–¿La CNDH comparte los diagnósticos de una grave crisis de derechos humanos en el país?

–México tiene claros y oscuros. En los primeros hay una agenda muy amplia de reconocimiento de derechos humanos. México tiene una Constitución de derechos humanos, que plasma los derechos civiles y políticos, que fue pionera en derechos sociales. Ha incorporado derechos elementales para el mínimo vital, y derechos contenidos en los tratados internacionales.

‘‘Como pocos países en el mundo, se ha abierto al escrutinio internacional; tiene el monitoreo de por lo menos nueve comités de tratados, y desde hace años tiene jurisdicción de la Corte y Comisión Interamericana, a diferencia de Estados Unidos.

‘‘De los oscuros, hay una brecha entre la realidad normativa y la realidad cotidiana. Tenemos condiciones lacerantes de desigualdad, de pobreza; enfrentamos problemas de violencia, de seguridad, de corrupción, y la cereza en el pastel es la impunidad, que se traduce en mayores violaciones porque no se sanciona adecuadamente a quienes infringen los mismos. Otro tema es la debilidad de nuestro estado de derecho, que va ligado a la impunidad y a la corrupción. ¡Terrible!’’

–¿Por qué en este país no se castiga a los policías y militares que violan estos derechos humanos, aun cuando en muchos casos están acreditadas las violaciones?

–Yo no generalizaría. Sí hay elementos que han sido procesados, pero la impunidad es un grave problema del país Lo que hace la CNDH es acreditar violaciones a los derechos humanos, y corresponde al órgano ministerial acreditar los delitos y responsabilidades penales.

–¿La falta de sanciones pasa más por la voluntad política, o son fallas estructurales del sistema de justicia?

–Hay una falla estructural de procuración de justicia. Es necesaria una mayor especialización, profesionalización y servicios periciales autónomos. Es fundamental garantizar la neutralidad de estos servicios periciales para que no haya suspicacias de parcialidad. En todos los casos donde se requiera una intervención de peritos, tiene que ser la ciencia la que ayude a determinar los casos.

–¿Cuál es su relación con los secretarios de la Defensa y de Marina, con el comisionado nacional de Seguridad?

–Primero, partamos de una relación institucional: mientras cada uno cumpla su cometido en términos de la ley, no nos tropezaremos; si todos cumplimos nuestro mandato y sus atribuciones, no hay forma más que coincidir en las finalidades que todos perseguimos. Segundo, debo reconocer que no he estado exento con algunas autoridades de tensiones que se dan en el ejercicio de nuestras atribuciones, pero hemos tenido capacidad de diálogo. Hemos actuado con firmeza para señalar a servidores públicos que se aparten del cumplimiento del respeto de los derechos humanos, y esa es la mejor contribución que hace la CNDH. Desde luego que ha habido picos, altos y bajos en esa relación. El caso Tanhuato generó muchas inquietudes y tensiones.

–¿Qué otros momentos difíciles ha tenido al frente de la CNDH?

–Quiero primero hacer un exhorto para que las autoridades de todos los niveles comprendan el rol de la CNDH y de los organismos similares en los estados. Es un papel de contrapeso que busca acotar la arbitrariedad de elementos que actúan fuera de la ley. Desde luego que hay casos como Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato, y nuestra petición de que se investigue la participación de la Policía Federal en el caso Iguala, que han generado tensión.

–¿Hay voluntad política para cumplir sus recomendaciones?

–Hemos visto expresiones de voluntad política en declaraciones, pero todavía falta permear lo suficiente para realmente tener una envoltura total en materia de derechos humanos.

‘‘Se ha avanzado; han bajado las quejas contra las fuerzas de seguridad, pero se han incrementado, por ejemplo, las quejas en centros penitenciarios. Los temas de tortura y desapariciones siguen siendo dos grandes desafíos.

‘‘Otro es la migración, pero no sólo de nuestros connacionales, sino de las personas centroamericanas. No podemos desatender las conductas de violaciones a derechos humanos que se cometen en nuestra frontera sur.

–¿La llamada guerra contra el narco ha sido factor principal en esta crisis?

–De estos 10 años, entre 2009 y 2012 se ha dado el mayor número de quejas. Ahí están los datos. Lamentablemente, a pesar de que el fortalecimiento de los cuerpos policiacos fue parte de la estrategia en este tiempo, los gobiernos estatales fallaron. Hoy, a 10 años de distancia, nos estamos planteando otra vez la profesionalización de las policías, algo que se pidió hace una década. Se deben establecer rutas medibles para alcanzar esta profesionalización, pero con consecuencias para quien no cumpla. La necesidad de los militares en las calles no fue porque ellos lo desearan, sino ante la falta de capacidades de las policías, y en ocasiones hasta por la contaminación de estas corporaciones.

–¿Con la ley de seguridad interior el Estado mexicano no abdica en favor de los militares?

–El Estado no puede abdicar en este tema. Tampoco puedo desconocer, sería insensato, pedir que mañana regresen a los cuarteles. Pero su presencia debe ser transitoria, con un retorno gradual y verificable.

‘‘Propongo al Congreso de la Unión que abra la discusión y que se escuche a todas las voces, que no caigamos en precipitaciones, recordando que ninguna regulación puede sustituir, en la persecución de los delitos, al Ministerio Público ni a las procuradurías.’’

–¿En México hay políticas públicas eficientes en materia de derechos humanos?

–Hay una brecha entre lo normativo y la realidad; necesitamos fortalecer esas políticas públicas. Un ejemplo es el salario mínimo, el cual no alcanza para comprar la canasta básica; entonces, lo que necesitamos es fortalecer esta política con un aumento del salario.

–Desde su llegada a la CNDH se comprometió a recuperar, con base en el trabajo, la confianza y credibilidad de los mexicanos en esta institución.

–Es un objetivo permanente. Si bien hay diferencias con organizaciones civiles de derechos humanos, también hay interlocución. A escala internacional hay gran presencia de la CNDH y nos tienen gran respeto. Y desde el principio nos hemos asumido como órgano de Estado, no de gobierno. Eso no gusta a muchos. Ejercemos nuestra autonomía e independencia, aunque genere tensiones.

–¿Con el presidente Peña tiene buena relación?

–Ha sido muy receptivo en los planteamientos presentados.

–¿Llamadas, sugerencias…?

–Nunca de su parte.

–En medio de esta crisis, ¿la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos no ha quedado frustrada?

–La reforma está en los claros que le decía. Uno, en sí mismo la reforma es positiva; dos, todavía hay desafíos muy fuertes, pero también avances. El reto es mayúsculo. Yo diría: vamos lento, pero en el camino correcto.