La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que en 2015 y hasta noviembre de 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no informó a los organismos internacionales de derechos humanos sobre el cumplimiento de 23 tratados internacionales en materia de defensa y promoción de las garantías individuales.

El ente fiscalizador culminó el pasado 26 de noviembre la auditoría a la SRE. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Por tanto se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas estimadas necesarias.

En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo se reconoce que el problema público es el insuficiente seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, cuyas causas identificadas se refieren a debilidades para establecer mecanismos de coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y con los organismos internacionales en la materia. Como efecto específico se advierten deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos.

La SRE tiene la responsabilidad de intervenir en toda clase de tratados internacionales de los que México forme parte:

Para garantizar los derechos humanos consignados en tales instrumentos, la dependencia debe cuidar el cumplimiento de cada uno de ellos; dar seguimiento a su instrumentación; coadyuvar en la armonización de la legislación nacional, y en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas.

En materia de respeto y protección, debe contribuir al cumplimiento y seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por organismos internacionales al Estado mexicano.

No obstante, en 2015 existían 23 tratados internacionales de cumplimiento continuo, firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. De ellos, en 12 no se estableció el compromiso de informar sobre su cumplimiento a organismos internacionales.

En los 11 restantes se acordó presentarlos con base en la periodicidad establecida en cada instrumento. Por ejemplo, la SRE informó sobre la implementación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador): derecho a la seguridad social, a la salud y a la educación, que representó 33.3 por ciento de la meta establecida, lo cual se debió a que las dependencias de la administración pública federal no remitieron la información requerida para consolidar el resto de los informes programados.

En opinión de la ASF, hasta 2015 la SRE no cuenta con un grado de seguridad razonable para determinar el nivel de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ya que presenta deficiencias en la coordinación con la administración pública federal y los organismos internacionales, por lo que prevalece el problema que dio origen a la política pública, cuyo efecto específico es una contribución limitada a la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos.