La Procuraduría General de la República (PGR), a través de su delegación en la Ciudad de México, recibió de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la primera querella en contra de prácticas monopólicas que afectaron las compras de bienes de diversas entidades del sector público a las que asignaron recursos fiscales.

En la querella se establece que una serie de licitaciones públicas realizadas por instituciones de salud entre 2009 y 2011 ocasionaron un daño al erario por 381 millones de pesos, ya que se pagaron sobreprecios hasta de 52 por ciento en insumos adquiridos.

Las empresas que participaron en estas licitaciones vendieron a las instituciones públicas de salud productos por mil 233 millones de pesos, pero realmente éstas debieron gastar sólo 819 millones de pesos.

Las sanciones penales que la PGR podría imponer en este caso consistirían en prisión de cinco a 10 años y una multa de mil a 10 mil días multa, es decir, la percepción neta diaria del inculpado al momento de consumar un delito.

Esta operación ilegal se tradujo en un grave daño al sector salud, puesto que los insumos adquiridos inciden directamente sobre los servicios que el Estado brinda, subrayó la PGR.