ntes de finalizar 2016, y luego de varios encuentros en el Senado, una comisión de familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México se reunió con un grupo de senadores que encabezan los trabajos del dictamen de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares. En esa ocasión estuvo también presente una comisión integrada por representantes de distintas instancias del gobierno federal. El mensaje al Legislativo y al gobierno federal fue entonces claro: las familias exigieron que el dictamen de la ley estuviera listo en el próximo periodo de sesiones y que incluyera sus peticiones.

El nuevo periodo legislativo comenzó el primero de febrero de 2017, y si bien la ley en materia de desaparición forzada y desaparición por particulares se encuentra en la agenda legislativa, a las familias de las personas desaparecidas les preocupa que una vez más el dictamen quede desplazado. Y así, mientras se sigue demorando esta legislación, las desapariciones en el país continúan, y las cifras aumentan. Hemos llegado a un número oficial que señala más de 30 mil desaparecidos en México, aunque a esta cantidad habría que sumarle la de los restos humanos que han encontrado las familias cuando han tenido que salir a buscar valientemente a sus seres queridos, frente a los vicios institucionales y la falta de acción de las autoridades. Habría que añadir también la cifra de desaparecidos, cuyas familias, por miedo o por las amenazas que reciben, no se atreven a denunciar.

No hay, pues, respeto a los derechos de las personas desaparecidas ni a los de sus familias, quienes además se encuentran frecuentemente en una situación límite, al tener que destinar sus escasos recursos a la búsqueda de sus seres queridos. Búsqueda que en muchas ocasiones sigue enfrentando la impunidad y la corrupción de las autoridades, y en otras las amenazas y el hostigamiento constante de grupos locales o de miembros del crimen organizado. Sin embargo, y aun con miedo, soportando la corrupción, miles de familias salen a buscar con vida o en fosas a sus parientes. Y ello porque las autoridades dicen que no está en su haber buscar y que sólo investigan; porque se pierde tiempo valioso en trámites burocráticos, y porque muchas veces las autoridades no muestran interés alguno por buscar. Y sin embargo la búsqueda es pieza clave y prioridad para las familias. Y es por eso que en el proceso de la creación de la ley se propuso una Comisión Nacional de Búsqueda que permitiera la participación activa de los familiares, con recursos suficientes. Para éstas la Comisión Nacional de Búsqueda es irrenunciable, aunque es claro que sin estos componentes esenciales, legales y administrativos no funcionará.

No hay que olvidar que frente a una situación generalizada de desaparición forzada de personas en el territorio nacional, la responsabilidad del Estado hace necesaria la implementación de mecanismos novedosos de búsqueda, así como la construcción de instituciones que gocen de capacidades humanas, técnicas y presupuestarias para cumplir con su mandato de forma eficaz.

Las familias reconocen sin embargo que la ley no solucionará las desapariciones de un día para otro, pero que sí representa un paso importante en el reconocimiento de la identidad de las personas desaparecidas, y en la necesidad de la asignación de recursos materiales y humanos para la búsqueda. La ley contra la desaparición puede ser también un componente de prevención frente a las desapariciones; es decir, una respuesta clara ante la crisis actual de derechos humanos.

En diciembre de 2016 el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Panamá, que México tiene un problema con la desaparición de personas. No basta entonces que las autoridades reconozcan la gravedad de este tema en el país; deben pasar de las declaraciones a las acciones, y hacerse responsables. La falta de actuación y de respuestas mostradas hasta ahora deja a las familias la responsabilidad de la búsqueda y el compromiso de impulsar una ley que respete su derecho a participar, y garantice los derechos de los desaparecidos y de sus familias. De luchar por una ley eficaz que responda a la realidad que viven miles de ciudadanos.

El gobierno federal y el Senado tienen la oportunidad de sentar un buen precedente frente a las desapariciones. Con la participación de las familias, debe discutirse una ley efectiva. Es fundamental que no se ignore la experiencia de los familiares de los desaparecidos; que no se ignore su dolor ni el camino que han andado en la búsqueda de sus seres queridos. Un camino que ciertamente ha dejado un sinfín de experiencias que deben aprovecharse. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México ha dejado muy claro que no va a respaldar una Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición por Particulares que no sea eficaz. No van a respaldar una ley que genere más burocracia y que les haga gastar más recursos. El tiempo avanza, la crisis aumenta, y mientras más se tarden en legislar una ley eficaz, más tiempo se tardarán en encontrar a las personas desaparecidas, y, por el contrario, más continuarán las desapariciones en el país y la impunidad que las rodea. El tiempo se agota y las familias claman, ya no más un periodo más. Y exigen que a la brevedad se dé la discusión y aprobación de esta ley.