Las conclusiones de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por irregularidades graves cometidas en el caso Ayotzinapa, son inaceptables y constituyen un alarmante mensaje de impunidad que debilita el estado de derecho.

En un posicionamiento conjunto, más de un centenar de organizaciones civiles y de derechos humanos cuestionaron duramente la resolución de la PGR, pues las múltiples irregularidades presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron omitidas en la investigación interna, convalidando así graves violaciones al debido proceso y con ello fomentando la ilegalidad.

Además, advirtieron que dicha resolución no sólo constituye un nuevo agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica.

La decepcionante resolución de la PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el estado de derecho desde la sociedad civil y la academia, señalan las organizaciones civiles, que también destacan que los resultados de esta investigación interna se entregó 10 meses después de las revelaciones hechas por el GIEI.

En su informe final, presentado en abril de 2016, el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló un video en el que se aprecia que el 28 de octubre de 2014, Tomás Zerón trasladó ilegalmente al detenido Agustín García Reyes, El Chereje, al río San Juan, lo interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. El detenido presentó posteriormente huellas de maltrato.

La importancia de estos hechos radica en que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis del destino final de los normalistas de Ayotzinapa, pues en la ribera de ese río se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.

La resolución omite todos estos hechos, y propone solamente el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves.

Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento están Fundar; Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac); la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; I(dh)eas, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), y la Red TDT.