En la pasada audiencia pública de la reforma a la Ley General de Educación para revalidar estudios –universitarios, bachillerato y nivel básico– de los mexicanos deportados por Estados Unidos, la abogada general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, sostuvo que la educación es un derecho fundamental y humano, y resaltó que la carencia de documentos no debe ser pretexto para negar el estudio a ninguna persona.

Al comentar la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, manifestó que la UNAM tiene inquietudes, entre ellas, que no se puede establecer que todas las instituciones de educación superior puedan revalidar los estudios universitarios, no puede ser una autorización indiscriminada, pues hay una gran proliferación de esas instituciones y se debe cuidar la calidad de la educación.

Descató que el Estado debe poner especial interés no sólo en el acceso, sino en la calidad de la educación, que no caiga en la mercantilización de los servicios educativos.

También, Manola Giral de Lozano, titular de la dirección general de Incorporación y Revalidación de Estudios de la UNAM, dio a conocer que la institución cuenta con bachillerato abierto así como licenciatura; no hablo de una iniciativa aislada, sino de un programa integral que permite a los estudiantes titularse, además de que este proyecto se orienta a facilitar los procesos de identidad y elimina los requisitos, como el apostillado y la traducción de los historiales académicos.

Por ello, dijo, los estudiantes deportados podrán continuar sus estudios a la brevedad posible, incluso podrían entregárseles becas para dismunuir el abandono escolar.

En la reunión, en la que participaron rectores de universidades públicas y privadas, Jaime Valls, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), destacó que este programa de revalidación de estudios a los mexicanos repatriados es un plan de carácter extraordinario, sustentando en la confianza y la buena fe para facilitar el ingreso de los estudiantes mexicanos a la educación superior.

En tanto, Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Particulares Mexicanas de Educación Superior (Fimpes), señaló que las reformas están orientadas a los dreamers y van a servir para la movilidad nacional e internacional en todas las direcciones; estamos hablando de jóvenes que estudian en universidades de Estados Unidos y que podrían ser deportados.

Dijo que son miles de jóvenes los que estudian en aquel país, “pero que hoy por hoy no quieren venir a estudiar a México. No tenemos experiencia de tratar a los repatriados, pero se sabe y se dice en esos círculos de dreamers que hay 550 mil estudiantes; pero hay otros tantos deportados de administraciones anteriores que están presentes, y ya se recibe una cantidad de llamadas de esos jóvenes que preguntan cómo se les podrá apoyar. Esto es un asunto de todos”.

Dijo que en los pasados 30 días Fimpes ha estado trabajando con los dreamers en Estados Unidos para evitar que sean deportados; se hacen trabajos preventivos, en el orden jurídico en las relaciones con universidades y con personajes de ese país. El presidente Donald Trump pudiera decidir que hasta que empiece la negociación del TLC deportaría a los estudiantes, podría jugarlo como última ficha de juego.

Todos los participantes dieron la bienvenida a la iniciativa del Ejecutivo, algunos dijeron que se requerirán recursos y otros, como el de la Anáhuac, manifestó la disposición de esa universidad para otorgar becas.