El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) incurrió en una serie de irregularidades en el contrato suscrito con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la construcción de cinco centros de justicia en Baja California Sur, Oaxaca, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala, al no verificar que los volúmenes de obra correspondieran a los acuerdos firmados y no asegurarse de obtener oportunamente la comprobación de los recursos entregados por más de 65 millones 252 mil 700 pesos.

Señala lo anterior el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 2015, el cual precisa que el monto total de los cinco contratos para construir las sedes judiciales en La Paz, Baja California Sur; San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; Apizaco, Tlaxcala; Cintalapa, Chiapas y Tepic, Nayarit, fue por un total de 624 millones 953 mil pesos.

En 2013, el CJF firmó un convenio con la Sedena para construir y rehabilitar 58 órganos jurisdiccionales en un lapso menor a 18 meses, por un valor total de 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la ASF, en lo que respecta a la edificación del Centro de Justicia Penal Federal en Tepic, el CJF no verificó que el inmueble se construyera de conformidad con las especificaciones indicadas.

Mientras que, en los proyectos de Apizaco y Cintalapa le aprobó a la Sedena estimaciones de obra como comprobación de los recursos ministrados, sin verificar que los volúmenes de la obra correspondieran con los planos proyectados por un monto superior a los 2 millones 415 mil 300 pesos.

La ASF estimó que las recuperaciones probables sumarían 67 millones 688 mil pesos; además de que recomendó la promoción de responsabilidades administrativas y la intervención de la instancia de control competente, para solventar tres irregularidades detectadas.

El dictamen, emitido el 16 de diciembre de 2016, concluyó que, en términos generales, el CJF no cumplió las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.