El Instituto Nacional Electoral (INE) cometió anomalías por 25.1 millones de pesos en el ejercicio de la cuenta pública de 2015, relacionadas sobre todo con el arrendamiento de inmuebles y el pago de honorarios, concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Dicho organismo detectó un daño a la hacienda pública federal por un monto total de 7.2 millones de pesos por pagos de arrendamiento de 36 inmuebles, de los que no se proporcionaron los instrumentos jurídicos que los justifiquen.

Además, según el informe difundido ayer, se efectuaron pagos por un millón 800 mil pesos de arrendamientos de edificios y locales sin contar con la documentación justificativa y comprobatoria.

También constató que se efectuaron pagos a 85 prestadores de servicios por un millón 760 mil pesos que no estaban autorizados en dicha estructura.

Además fue omiso en presentar los informes de actividades de 53 prestadores de servicios que recibieron pagos por 6.1 millones de pesos.

Tampoco se encontró documentación que justificara recursos por 7.7 millones de pesos dados al Comité Nacional de Supervisión y Evaluación y a la Comisión Nacional de Vigilancia locales y distritales.

La ASF también cuestionó en su informe que el gasto en las elecciones creció 16 por ciento cada tres años, al pasar de 220.6 pesos por votante en 2006 a 346.3 pesos en 2015.

Otro aspecto criticado por los auditores fue que de los 83.5 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral sólo 47 por ciento votaron en 2015; este promedio es 27.9 por ciento menor que el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), afirmó.

El secretario general ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, consideró que en relación con el presupuesto de la institución son observaciones sobre montos muy pequeños que tratarán de subsanar.

Sobre la baja participación de los ciudadanos en las elecciones, explicó que la tarea de atraer a las urnas a los mexicanos no es solamente del instituto, sino también de los partidos políticos.

En relación con el costo de las elecciones, indicó que es difícil hacer comparaciones con otros países, porque la legislación mexicana es muy compleja a causa de la desconfianza ciudadana; además señaló que en Estados Unidos la democracia es mucho más cara.