La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el manejo presupuestario de los recursos públicos asignados a la Cámara de Diputados. En 2015 subsistió ‘‘una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas’’, que en el año citado ascendieron a mil 742 millones de pesos.

El órgano entregó ayer en San Lázaro el informe de la cuenta pública 2015, y en su contenido se descubre un cúmulo de anomalías en la administración de la Cámara de Diputados: ‘‘En términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia (...) no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos’’.

Los diputados dispusieron, mediante su secretaría general, de 7 mil 812 millones 850 mil pesos; no obstante, el gasto original se autorizó con 7 mil 339 millones 166 mil, lo cual implicó una ampliación presupuestaria neta por 473 millones 684 mil pesos.

Opacidad en adjudicaciones

Un ejemplo de la opacidad que impera en San Lázaro se manifiesta con la conclusión de la ASF en torno a la adjudicación directa de la que se derivó el contrato núm. DGAJ- 097/2015, del 11 de diciembre de ese año, mediante el cual se adquirió el servicio para realizar la Renovación tecnológica del sistema integral de videovigilancia y cableado estructurado, así como la entrega del equipo de seguridad al exterior y de revisión vehicular y peatonal, por un monto de 76 millones de pesos.

Esa autorización se derivó de un acuerdo del comité de administración de fecha 19 de noviembre de 2015, en el que se autorizó la adquisición por adjudicación directa como excepción a la licitación pública, en términos de los artículos 43 y 44, fracción III, de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

El acuerdo mencionó que se llevó a cabo un estudio de mercado con empresas que se encuentran dentro del Contrato Marco de la Secretaría de Gobernación (SG), del cual se desprendió que la empresa adjudicada ofrecía las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento para la cámara.