Las asociaciones público-privadas (APP) representaron en el año 2015 una erogación de 35 mil 820 millones de pesos. El impacto de las APP sobre las finanzas públicas representa para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) compromisos contingentes que no tienen fondos de garantía para responder a las obligaciones por las que fueron contratadas.

La ASF solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la aplicación de una metodología para el cálculo de los pasivos contingentes que se derivan de los contratos de las asociaciones público-privadas.

Las APP surgieron como una alternativa de financiamiento para que el sector público desarrolle infraestructura económica y social. Y se expone, como una panacea, su aplicación en Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, España, Filipinas, Francia, Italia y Perú.

En México, su aplicación se aprobó en abril de 2016 y se han autorizado un total de 14 proyectos adicionales para 2016 y 2017. ‘‘El fortalecimiento del marco jurídico ha elevado la calificación en materia de APP por parte de organismos como The Economist Intelligence Unit (EIU), dedicado a evaluar el marco integral de las APP.21/. En 2014, EIU otorgó una puntuación a México de 67.8, frente a 58.1 obtenida en 2010, con lo que se sitúa como la cuarta economía de América Latina con mejor entorno para las APP’’, refiere la ASF.

Así, en 2015 el monto total de los contratos firmados en los proyectos de APP y figuras equiparables fue de 36 mil 675 millones de pesos; los pagos anuales previstos aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación fueron de 4 mil 312 millones.

El ente fiscalizador refiere que en la exposición de motivos de la iniciativa de las APP se justificó la necesidad de efectuar proyectos de inversión con la mayor velocidad posible. Sin embargo, al 31 de diciembre de 2015 no se encontraba en operación algún programa o proyecto de inversión de estas asociaciones, por lo que el gobierno federal no ha podido alcanzar los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.

La ASF ‘‘considera que establecer una relación contractual de largo plazo entre los sectores público y privado involucra riesgos que el gobierno comparte con el promotor privado, los cuales tienen cierta probabilidad de ocurrencia e impacto en las finanzas’’.