Frente a la representación del gobierno de Baja California en la Ciudad de México, integrantes de organizaciones civiles exigieron a las autoridades gubernamentales retirar todos los cargos contra los 13 integrantes del movimiento civil Mexicali Resiste, que el lunes fueron detenidos durante 11 horas y liberados por la noche, tras una refriega con policías municipales.

Denunciaron que el desalojo violento del campamento que mantenían frente al ayuntamiento, y que la detención de los manifestantes se suma a la campaña de represión y criminalización emprendida por los gobiernos estatal y municipal de Mexicali, contra quienes habían protestado de manera pacífica contra el gasolinazo, la privatización del agua y diversos impuestos.

Con apego al artículo 140 del Código de Procedimientos Pe- nales, los abogados del movimiento solicitaron al Ministerio Público dejar en libertad condicionada a los detenidos para que la investigación la realice una Unidad Especializada de la Procuraduría General de Justicia de Baja California.

Libertad condicional

Los activistas no pagaron fianza; sin embargo, fueron condicionados por el Ministerio Público a no acercarse al Centro de Gobierno ni hacer señalamientos contra la autoridad policiaca mientras continúa el procedimiento judicial en su contra.

Los litigantes explicaron que inicialmente los manifestantes fueron acusados de sabotaje y motín, pero luego las autoridades reclasificaron los delitos a sedición y lesiones.

La sedición contempla de seis meses a cuatro años de prisión y hasta cien días de multa a quienes en forma tumultuaria, sin uso de armas, resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones.

Primero nos pusieron cinchos en pies y manos, luego nos los cambiaron por esposas; nos trataron como delincuentes, reprochó uno de los detenidos, Ignacio Gastélum, líder de los jubilados del Movimiento Resistencia Magisterial de la sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, luego de salir de los separos de seguridad pública de Mexicali.

Recibieron trato indigno

Llorosa, Santa Cecilia Hernández, otra activista que fue arrestada, acusó que recibieron un trato indigno por la policía, pues señaló que estuvieron incomunicados más de cuatro horas y fueron trasladados a los separos sin saber por qué delito los acusaban.

En un mensaje difundido en las redes sociales, el alcalde panista de Mexicali, Gustavo Sánchez, expresó: las circunstancias se salieron de control; lamentamos lo sucedido, pero tenemos que resguardar la casa municipal, que es de todos los mexicalenses. Esperamos que esto no se repita, que sea el diálogo y la comunicación lo que siga por delante a favor de las personas y de los mexicalenses.