Tras años de espera, familiares de víctimas de migrantes centroamericanos desaparecidos en su tránsito por México pudieron presentar en las semanas recientes las primeras 39 denuncias por estos hechos, en las embajadas y consulados mexicanos en Guatemala y El Salvador, en un intento de encontrar justicia.

En varios de estos casos, presentados mediante el Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE) –instrumento creado por el gobierno mexicano a petición de organismos internacionales de derechos humanos–, las familias centroamericanas han tenido que esperar más de cinco años para poder exigir justicia.

Sin embargo, aunque novedoso, el mecanismo presenta diversas y múltiples deficiencias, como el escaso personal para realizar las investigaciones, la falta de información sistematizada y coordinación entre México y los países de origen, así como la demora excesiva para el desahogo de diligencias esenciales para la investigación y búsqueda de la persona, entre muchas otras insuficiencias.

Así, aunque el mecanismo resulta en teoría un avance significativo, no puede considerársele todavía una medida suficiente para prevenir nuevos casos de desaparición forzada de migrantes y garantizar plenamente el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en casos existentes, señala la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fjedd), organización civil que asesora y acompaña a los familiares.

Para Claudia Interino, abogada de la fundación, los mecanismos nacionales no son suficientes para las víctimas cuando los hechos de violencia ocurren en un país distinto al suyo, por lo que se requieren mecanismos trasnacionales de acceso a la justicia. Esto implica un reto a todo nivel de coordinación interinstitucional y entre países de origen y México, dijo.

Hace unos días, en la embajada de México en Guatemala y en el consulado de Quetzaltenango fueron presentados, mediante el MAE, 16 casos, la mayoría por desaparición, pero otros por la incertidumbre sobre la identificación de restos, debido a la cremación por parte de autoridades mexicanas sin consentimiento de las familias.

Este es el caso de Licy Maricely Santos, cuyo esposo –Bilder Osbely López Mérida– le fue entregado en cenizas, pese a que se opuso a la cremación. Otro es el de Pantaleón Cusanero Jacobo, padre de Delfino Cusanero García. Ambos fueron identificados en la masacre de San Fernando, Tamaulipas.

En diciembre pasado fueron presentadas las primeras 23 denuncias en la embajada de México en El Salvador, relacionadas con la desaparición de personas salvadoreñas en su tránsito por México.