a situación económica y política va a seguir siendo complicada. El ajuste que es necesario hacer, ciertamente profundo, no vendrá de modo automático y tendrá altos costos. Eso ya está ocurriendo.

Como muestra hay que ver lo que sucede con la actividad productiva o bien con el crecimiento de los precios, incluyendo el dólar y las tasas de interés. También hay que ver las periódicas encuestas sobre el estado de confianza que prevalece en el país, cada vez menor.

Desde el norte no van a amainar las presiones respecto de la migración, el comercio y el muro, y las secuelas serán, sin duda, relevantes.

Hay quienes tienen una postura distinta frente a esos asuntos y minimizan las repercusiones. No estoy de acuerdo.

Dicen algunos que no cambiará esencialmente el modo de operación del TLCAN, pero lo ocurrido con las decisiones de no abrir nuevas plantas en México de empresas como Carrier y Ford indican un cambio en la forma convencional en que se movía la inversión entre ambos países en el marco del tratado. Los flujos de capitales se van a alterar –ya está pasando–, y suplirlos no es cosa rápida ni trivial.

Otros señalan que las nuevas medidas que están en proceso en Washington y que tienden a relajar la regulación financiera impuesta en Estados Unidos, luego de la crisis de 2008, tampoco tendrán impacto aquí.

El caso es que habrá un cambio significativo en las normas emanadas de la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y la Protección al Consumidor pasada por el Congreso en 2010.

La máquina de innovaciones financieras, que agrandan los riesgos para ahorradores e inversionistas, volverá a echarse a andar con renovada fuerza. El sistema financiero de México está dominado por bancos extranjeros, que siguen muy de cerca las disposiciones que se aplican en ese país.

La sociedad deberá hacerse de los medios para replantear el funcionamiento de esta economía y, también necesariamente, de la forma en que se gobierna. En esto reside de manera crucial la tan traída demanda de unidad nacional.

Lo que resta de este gobierno debería usarse para impulsar esos cambios. Pero en este sentido no se abrigan expectativas muy favorables y lo que aparece, en cambio, es el reflejo de un poder anquilosado y poco capaz para remprender un cambio y no atenerse primordialmente a la lucha electoral que se abre ya pronto a escala estatal.

Hasta ahora la estrategia seguida por la cancillería en Washington no parece provechosa. Hay poca habilidad y tiempo para aprender. Cuando menos eso se desprende de la información pública. Y el curso de las negociaciones no debería estar oculto. Tampoco es clara la estrategia de negociación de las secretarías de Economía y de Hacienda, si es que existe alguna de modo explícito.

En este entorno hay ciertas nociones básicas que me parece deben replantearse como medio para establecer un modo de relación entre la gente, por un lado, y, por otro, quienes gobiernan, quienes gestionan las instituciones públicas y también con las empresas estén ligadas con el Estado y/o las que tienen que ver con el patrimonio de las personas.

Me refiero, en concreto, al asunto de la responsabilidad fiduciaria. El Diccionario de la Lengua Española define el término fiduciario como aquello que depende del crédito y confianza que merezca. Recuérdese que crédito proviene de creer.

En términos legales, la responsabilidad fiduciaria representa el más alto estándar de cuidado. El fiduciario es quien tiene esa responsabilidad y a quien se dirige tal cuidado es el beneficiario. Si el fiduciario rompe su compromiso, entonces debe dar cuenta de los daños que provoca y repararlos.

De modo claro significa actuar en el interés de otro. Debería ser este un aspecto inherente a la actividad pública de cualquier tipo –la rendición de cuentas como práctica política–, pero igualmente de las corporaciones privadas y de los bienes y servicios que se producen. En ambos casos la norma fiduciaria abarca cuestiones como la salud, la educación, la administración de los bienes y del patrimonio (físico o financiero), sean de la nación o de los individuos.

Una vez integrada esta noción amplia de responsabilidad fiduciaria y que así dejara de ser una especie de letra muerta o una práctica poco generalizada, o sólo una referencia ética, puede servir para intentar reparar la fractura que se advierte en nuestra sociedad.

Este asunto de índole práctico, pero ciertamente amplio, podría ser uno de los ejes de una verdadera recomposición de la unidad, que ahora tanto se demanda.

No se trata sólo de una cuestión de buena fe, que la es, como podría aparecer en un tratamiento estrecho de lo fiduciario. Esto es tal como debe exigírsele al albacea de un testamento. Va mucho más allá e involucra a quienes gestionan los ahorros forzosos de los trabajadores, al consejo de administración de las empresas que cotizan en la bolsa de valores, a la junta de gobierno del banco central o a la gestión de los impuestos que recauda la hacienda pública, a lo que se hace con los recursos naturales, etcétera, etcétera.