n los últimos días asistimos a una vasta campaña de intoxicación ideológica y propagandística a través de los prin­cipales medios bajo control monopólico privado, que pusieron en práctica técnicas para la fabricación del consentimiento y todo un sistema de adoctrinamiento clasista, para forzar a una marcha patriótica y una falsa unidad nacional entre los vendepatrias y saqueadores de México, y sus víctimas, las mayorías empobrecidas.

La amplia operación de manipulación de emociones y sentimientos, y manufacturación de un consenso de masas (del rebaño desconcertado, diría Noam Chomsky), con eje en un patrioterismo reaccionario, tuvo como fuente a los responsables de los poderes formales y fácticos del país: los presidentes de la República y de la Suprema Corte de Justicia; los mandos de las fuerzas armadas y representantes del gran capital agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial, hermanados todos −por acción, omisión o vínculos de complicidad− con crímenes de lesa humanidad y millonarios actos de corrupción que, amparados por el binomio impunidad/simulación, permean la imposición del actual modelo económico capitalista salvaje.

Azuzados por la agresividad racista y xenófoba del presidente estadunidense, Donald Trump −quien amenazó con enviar tropas y utiliza a México como su principal chivo expiatorio−, un Enrique Peña Nieto con 88 por ciento de desaprobación y unos voceros de los poderes fácticos (militares y empresarios) carentes, todos, del mínimo sentido de ética política, idea de sociedad y moral pública, recurrieron a muletillas de ocasión como soberanía nacional, autodeterminación, democracia y respeto a los derechos humanos, e impúdicamente llamaron a cerrar filas en torno al Presidente de la República.

Lo que imperó en tales pronunciamientos fue la retórica y la demagogia, ya que si de algo se han encargado los sucesivos gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid a la fecha ha sido de desvirtuar el modelo de Estado social que establecía en su texto original la Carta Magna de 1917, que entre otros derechos políticos y sociales instituyó el municipio libre y formas colectivas de propiedad de la tierra y definió la soberanía nacional sobre el territorio y sus recursos geoestratégicos, cuya defensa, según mandato constitucional, debió haber estado en manos de las fuerzas armadas.

Con independencia de que en el periodo posrevolucionario se conformó un régimen corporativo, patrimonialista y clientelar, con eje en un presidencialismo autoritario y un partido de Estado casi único, cabe consignar que al desmonte y la liquidación neoliberal de aspectos sociales claves de la Constitución (como la forma de propiedad ejidal, mediatizada en la contrarreforma energética con leyes secundarias que contemplan la expropiación, la ocupación temporal y el régimen de servidumbre sobre la tierra por causa de utilidad pública se han sumado a últimas fechas eventos que exhiben la dependencia político-diplomática, militar y migratoria de México a Estados Unidos, como el encuentro (en un principio secreto) en Tapachula, Chiapas, de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Socorro Flores (al que presuntamente asistió el canciller Luis Videgaray), con una misión militar encabezada por los jefes de los comandos Norte y Sur del Pentágono, la general Lori Robinson y el almirante Kurt W. Tidd, respectivamente, que contó con la presencia de la embajadora de EU, Roberta Jacobson.

La reunión se centró en el compromiso de México de asegurar (militarmente) su frontera sur para mantener a raya a la delincuencia y a los inmigrantes centroamericanos que tratan de ingresar al territorio estadunidense sin documentos, en virtud de lo que Luis Videgaray argumentó como una responsabilidad compartida con Estados Unidos, lo que de facto significa una cesión unilateral de soberanía y exhibe al país como un asunto interno de la seguridad nacional de Washington, y a México como un Estado vasallo.

A ello se suma el paquete de iniciativas de ley para dotar a las fuerzas armadas de poderes anticonstitucionales. Verbigracia, la militarización de las capitanías de puertos por la Marina y las reformas al Código de Justicia Militar, al Código Militar de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley de Seguridad Interior (concepto nunca regulado y que hace referencia a la seguridad del Estado, no de las personas), impuesta bajo presión a los legisladores por los mandos castrenses y mediante la cual se busca facultar a los militares para realizar tareas de seguridad pública (propias de la policía, como la prevención e investigación del delito, las detenciones y los peritajes penales), pero bajo una lógica de seguridad nacional (sin posibilidad de escrutinio público, transparencia o rendición de cuentas). A lo que se agregan las reformas al mando mixto policiaco para controlar los municipios y la ahora pospuesta discusión sobre la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, la cual permitiría que, a solicitud del Poder Ejecutivo, el Congreso podría aprobar la suspensión de garantías o un estado de excepción.

Se trata de un paquete de medidas impuestas por Washington a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (2005), la Iniciativa Mérida (2007) y el Diálogo Económico de Alto Nivel (2013), que responden a las directrices de la secretaría a cargo de la Seguridad de la Patria (o del suelo patrio) de EU, y cuyo objetivo es que las fuerzas armadas operen como un ejército de ocupación para garantizar la instalación de empresas trasnacionales del ramo de la energía y la utilización de la infraestructura crítica de Pemex y la CFE en áreas del territorio nacional, donde, como en las conformadas por las zonas económicas especiales (ZEE) −con epicentro en el Istmo de Tehuantepec−, existen distintas formas organizadas de resistencias antihegemónicas y antisistémicas.